El Ayuntamiento de Benavente inicia un nuevo expediente para consolidar el inmueble de la Plaza del Grano tras caducar el anterior

El Ayuntamiento de Benavente ha iniciado un nuevo procedimiento de Orden de Ejecución para obligar a los propietarios del inmueble situado en el número 10 de la Plaza del Grano a acometer diversas obras de conservación, después de que el procedimiento anterior haya caducado al no haberse resuelto dentro del plazo establecido.

Así consta en el decreto municipal, cuyo propio encabezamiento se refiere al “inicio tras caducidad de Orden de Ejecución”. Entre la documentación incorporada al expediente figura, además, un informe jurídico de 2 de julio de 2026 relativo precisamente a la caducidad del procedimiento anterior.

La caducidad no supone que el Ayuntamiento dé por finalizada su actuación sobre el inmueble. Según recoge la resolución, la Orden de Ejecución no está sujeta a un régimen de prescripción que impida actuar de nuevo, por lo que procede iniciar un nuevo procedimiento para exigir a los propietarios el cumplimiento de sus obligaciones de conservación.

Deterioro de la cubierta y riesgo para la seguridad

La actuación municipal tiene su origen en los informes técnicos que alertan del deficiente estado de conservación del edificio. La cubierta presenta deformaciones, hundimientos parciales y un deterioro especialmente significativo de las troneras, que han perdido buena parte de su cubierta.

El Ayuntamiento considera que esta situación puede provocar la caída de elementos y afectar al resto de la edificación. El informe también señala la existencia de vías de agua y la posibilidad de entrada de animales en el inmueble, circunstancias que pueden perjudicar tanto las condiciones de seguridad y salubridad como la conservación del edificio.

En cuanto a la fachada, el documento apunta igualmente a un estado deficiente, especialmente en el cajón situado en la zona de coronación de la planta baja. También se hace referencia a la acumulación de restos de carteles adheridos que menoscaban las condiciones de ornato público.

Qué obras se ordenan

El nuevo procedimiento establece dos actuaciones principales. Por un lado, se ordena la consolidación estructural y reparación de la cubierta, incluyendo la eliminación o reparación de las troneras. Los propietarios deberán presentar, antes del comienzo de las obras, el compromiso de dirección facultativa y, una vez finalizados los trabajos, un certificado de seguridad y solidez suscrito por el técnico correspondiente.

Por otro lado, se ordena la retirada del cajón instalado en la fachada de la planta baja y la limpieza de dicha zona, con el objetivo de recuperar unas condiciones adecuadas de ornato público.

El Ayuntamiento estima que la intervención afectará prácticamente a la totalidad de la cubierta, con una superficie aproximada de 453 metros cuadrados, además de las zonas correspondientes a las troneras.

Más de 27.000 euros de presupuesto

La valoración económica incorporada al expediente sitúa el coste estimado de las actuaciones en 27.168,50 euros más IVA.

Entre los trabajos previstos se incluyen el desmontaje y reparación de las troneras, el apeo y refuerzo de elementos del armazón de la cubierta, la reparación de la cobertura de teja y la retirada de la marquesina y limpieza de la fachada de planta baja.

La resolución establece que el plazo para el cumplimiento de la Orden de Ejecución será de dos meses, contados desde la notificación de la resolución definitiva, salvo que se modifique la situación o se exijan actuaciones adicionales.

Durante la tramitación, los propietarios podrán proponer alternativas técnicas que garanticen el cumplimiento de la orden, solicitar la declaración de ruina, pedir una prórroga o solicitar las ayudas económicas a las que pudieran tener derecho.

La resolución recuerda que el incumplimiento de la Orden de Ejecución puede llevar al Ayuntamiento a adoptar medidas de ejecución subsidiaria, a costa de los propietarios, además de la imposición de multas coercitivas dentro de los límites establecidos por la normativa.

El expediente deja así constancia de que la actuación actual no consiste en continuar el procedimiento que había comenzado anteriormente, sino en iniciar uno nuevo después de su caducidad. El Ayuntamiento mantiene, no obstante, la obligación de los propietarios de conservar el inmueble en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato.

La decisión se apoya en la normativa urbanística de Castilla y León y en el deber de conservación de los inmuebles establecido en la legislación vigente.