OPINIÓN: Cuando arde el monte: ¿Quién es el culpable? por Jon Gejo Crispín

Otro verano y de nuevo, los incendios. Otra vez nuestros pueblos rodeados de humo, las llamas devorando aquello que creíamos que siempre estaría ahí y esa mezcla difícil de explicar de rabia, dolor, impotencia y tristeza. Parece que no aprendemos y que, verano tras verano, tropezamos con la misma piedra. Quizá haya llegado el momento de preguntarnos por qué sigue estando en el camino.

Lo escribo desde un dolor que esta vez me toca muy de cerca. El fuego ha alcanzado el pueblo de mis abuelos, parte de mi historia y de la de tantas familias de Zamora y otras provincias. Cuando arde un monte no desaparecen únicamente árboles: mueren numerosos seres vivos, desaparecen refugios y alimentos, perdemos biodiversidad, paisaje, recursos y también una parte de nuestra memoria.

Ante algo así buscamos culpables. Dependiendo de con quién hablemos, será Pedro Sánchez, la Junta de Castilla y León, los ecologistas, los ganaderos, la Ley de Montes o quienes abandonaron los pueblos. Pero mientras buscamos un único responsable simplificamos un problema enormemente complejo y terminamos enfrentándonos precisamente quienes más nos necesitamos.

Eso no significa diluir responsabilidades. Las administraciones las tienen, y muchas. No podemos hablar de prevención solamente cuando las llamas llegan a nuestras casas. Necesitamos planificación durante todo el año, profesionales suficientes y con condiciones dignas, gestión forestal, coordinación y recursos adaptados a la realidad actual. Exigir que nuestras instituciones funcionen no es buscar un enemigo político, sino pedirles que cumplan su cometido.

Y esa realidad ya no puede analizarse ignorando el cambio climático. Este no explica por sí solo cómo comienza cada incendio, pero sí modifica las condiciones en las que puede desarrollarse. Temperaturas más altas, sequías y condiciones meteorológicas extremas pueden favorecer incendios mucho más difíciles de controlar. La política forestal del siglo XXI no puede seguir diseñándose, pensando en el clima del siglo XX.

También debemos revisar nuestra relación con quienes viven del territorio. Proteger nuestros montes necesita normas, pero regular no debería significar convertir cada actuación en un laberinto administrativo. Agricultores y ganaderos se enfrentan a autorizaciones, plazos y figuras de protección que muchas veces resultan difíciles de comprender. Tienen el deber de cumplir las normas, pero también el derecho a que la Administración informe, acompañe y facilite su cumplimiento.

Necesitamos menos burocracia incomprensible y más pedagogía: información sencilla, asesoramiento y procedimientos ágiles. Si una actuación preventiva se solicita en primavera y la autorización llega cuando ya no puede realizarse, quizá la norma esté justificada, pero su aplicación no está funcionando.

Tampoco agricultores y ganaderos son enemigos de la naturaleza, ni quienes defienden la conservación son enemigos del campo. La ganadería extensiva puede contribuir a gestionar el territorio y un monte no está «sucio» simplemente porque tenga vegetación. Deberíamos hablar menos de limpiar y más de gestionar, combinando conocimiento científico con la experiencia acumulada durante generaciones por quienes trabajan la tierra.

Pero sería demasiado cómodo colocar toda la responsabilidad fuera de nosotros. Durante décadas nos dijeron que progresar significaba abandonar los pueblos. Muchas tierras quedaron en manos de hijos y nietos que ya no viven de ellas y otras fueron abandonándose. Queremos conservar una finca porque perteneció a nuestros abuelos o porque queremos transmitirla a nuestros hijos, pero tener un bien también implica responsabilidades. No podemos exigir siempre que «alguien limpie el monte» mientras ignoramos aquello que nos pertenece.

Por eso resulta tan dañina la división entre campo y ciudad, ecologistas y ganaderos. Cuando apartamos las etiquetas descubrimos que nuestros intereses están mucho más cerca de lo que creemos: el ganadero necesita un territorio vivo, el agricultor necesita suelo y agua, quien defiende la biodiversidad necesita ecosistemas saludables y las ciudades necesitan del campo para existir. Nos necesitamos.

Estos días en Sayago personas con ideologías diferentes han comenzado a reunirse y organizarse. Quizá ahí esté parte de la respuesta. No necesitamos votar lo mismo para defender aquello que compartimos, sino escucharnos y aprender unos de otros.

Y tampoco romanticemos aquello de que «el pueblo salva al pueblo». La solidaridad de nuestros vecinos es extraordinaria, pero necesitamos bomberos, agentes medioambientales, Protección Civil, servicios sanitarios, ayudas, investigación y prevención. Necesitamos instituciones y, precisamente porque las necesitamos, tenemos derecho a exigir que funcionen.

No existe un único culpable, pero eso no significa que no existan responsabilidades. Las hay políticas, administrativas y sociales; en cómo gestionamos, legislamos, afrontamos el cambio climático y cuidamos aquello que poseemos.

Mi pueblo ha ardido. El de muchos otros también. Podemos volver a enfrentarnos hasta que llegue el siguiente incendio o podemos escucharnos, asumir nuestra parte y exigir a quienes gobiernan que asuman la suya.

Porque cuando arde el monte no está ardiendo algo ajeno. Organicémonos. Está ardiendo nuestra casa.