Román Avila solicita una intervención oficial sobre el expediente del chalét del alcalde

En el escrito hace referencia a las comprobaciones realizadas por el Procurador del Común en relación a la supuesta obstrucción a la justicia realizada por el Alcalde de Benavente, y a que la Administración de la Comunidad Autónoma debe adoptar las medidas pertinentes de protección y restauración de la legalidad cuando se trate de actos de uso del suelo que vulneren la normativa urbanística y afecten al orden jurídico de interés supramunicipal, en especial en cuanto a lo dispuesto en los instrumentos de ordenación del territorio y demás usos del suelo rústico prohibidos o sujetos a autorización. 

Asimismo se refiere a la competencia de la Diputación Provincial en el caso de tener conocimiento de la existencia de actos de uso del suelo que puedan vulnerar la normativa urbanística y no le conste la adopción de las medidas de protección y restauración de la legalidad establecidas en los artículos 341 y siguientes, debe comunicarlo al Ayuntamiento afectado ofreciendo sus medios jurídicos, técnicos y económicos para facilitar el ejercicio de las competencias municipales de protección de la legalidad.   Transcurridos diez días desde la recepción de la comunicación, sin que el Ayuntamiento adopte las medidas pertinentes de protección y restauración de la legalidad ni solicite la asistencia de la Diputación Provincial, ésta debe ejercer directamente las competencias de protección y restauración de la legalidad conforme a la legislación sobre régimen local, o bien poner los hechos en conocimiento del Servicio Territorial de Fomento para el ejercicio de las competencias propias de la Administración de la Comunidad Autónoma.