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Interbenavente.es
Domingo, 15 de abril de 2018
Sentencia

Los promotores del Mercantil absueltos por la Audiencia Provincial del alzamiento de bienes

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El pasado 9 de abril, la Sección 1ª de la Audiencia Provincial fallaba sentencia sobre el recurso presentado por el abogado Camilo Hernando Sanz en representación de los acusados de un delito de insolvencia punible, promovido por el Ayuntamiento de Benavente

En la sentencia de la Audiencia Provincial se absuelve a los propietarios del edificio Mercantil y familiares de los mismos, del delito de alzamiento de bienes por el que habían sido condenados a la pena de 1 año de prisión y declaraba la nulidad de las escrituras públicas por las que se habían transmitido 28 garajes y trasteros, y 11 viviendas y oficinas, por el Juzgado de lo Penal de Zamora, procedimiento en el que ejercitaba la acusación particular el Ayuntamiento de Benavente, como consecuencia de no haber podido hacer efectiva la sanción impuesta por más de 300.000 € mas intereses en el año 2.006.

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La sentencia, además de la exposición de los hechos que justifican la decisión, literalmente dicta lo siguiente:

Que el examen de todas las facturas emitidas por la empresa, los extractos bancarios de las cuentas corrientes de la sociedad donde se recogen las aportaciones, los justificantes de los ingresos o transferencias a dichas cuentas realizados por los compradores, entre los que se encuentran los apelantes, el Libro Diario de Contabilidad de la empresa y Libro Mayor de Contabilidad de cada uno de los adquirentes donde se refleja todo lo habido con dicho cliente; el Modelo 347, la declaración anual de la empresa de las operaciones realizadas con terceros, declaraciones presentadas en la Agencia Tributaria; y las tasaciones y valoraciones de los inmuebles objeto de las transmisiones. Toda esta prueba Documental practicada a instancia de la defensa y que poca o nula consideración ha merecido en la sentencia de instancia, revela que los apelantes no solo hicieron las aportaciones a la sociedad que parece admitir de forma imprecisa la sentencia recurrida, si no que los mismos realizaron dichas aportaciones con la finalidad de adquirir los inmuebles objeto de las escrituras públicas de compraventa.

Que cada ingreso o aportación para la adquisición de los inmuebles realizada por los ahora encausados seguía idéntica dinámica que para el resto de los clientes que decidieron adquirir algún inmueble en dicha promoción. Todos los ingresos mencionados tenían su anotación contable en los Libros de Contabilidad de la empresa, Libros presentados en el Registro Mercantil de Zamora para su legalización, y cuyo soporte digital así como su impresión en papel ha sido aportado por la defensa al procedimiento, Tomo VII de las actuaciones

Es por ello que cabe afirmar que, malamente se compadecen las afirmaciones de la sentencia con la abundante prueba documental obrante a lo largo de cuatro tomos del procedimiento; prueba, que practicada a instancias de la defensa no ha sido valorada por la sentencia, y que acredita suficientemente que dichas aportaciones no lo fueron en concepto de aportaciones sociales.

A la vista de todo lo expuesto, no se puede hablar a los efectos penales debatidos, ni de la existencia de fraude alguno en perjuicio de sus acreedores ni, de que dichas ventas hayan sido simuladas y ficticias al objeto de evitar el pago de la sanción impuesta por el Ayuntamiento, pues dichas ventas tuvieron la correspondiente contrapartida dineraria que supuso un ingreso en la sociedad.

 

Román Ávila, afectado familiarmente por esta sentencia en la que compartía acusación con su esposa e hijo, muestra su satisfación por la sentencia, de la cual declara que hace una exposición de los hechos "de forma concreta y eficiente, mejor de lo que yo mismo lo hubiera hecho. Es un ejemplo notable de una ejemplar actuación de la Administración de Justicia en la Audiencia Provincial de Zamora."
 
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Ávila declara haber sido objeto en los últimos diez años "de la más agresiva y execrable persecución desde el Ayuntamiento de Benavente, dirigida por algunas personas, pocas, algunos políticos ya no vigentes y algunos funcionarios, que entre otras cosas han hundido socialmente mi imagen e impedido mi actividad profesional vetando de forma efectiva todos mis trabajos como arquitecto en este municipio de mi residencia desde hace 45 años. De hecho desde hace diez años mis ingresos brutos profesionales no han alcanzado el salario mínimo interprofesional y se han reducido a cero €uros en los últimos cinco años.

Mi hijo Fernando, que habilitó en este mismo edificio Mercantil su oficina profesional en 2009 no la llegó a estrenar, prefirió emigrar como emprendedor a California desestimando realizar su ejercicio profesional en Benavente y por lo tanto renunciando a residir en esta lcalidad",  pidiendo rehabilitar su nombre y dignidad como profesionales.