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Rebeca Castaño
Miércoles, 11 de octubre de 2017
Castilla y León

Los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el 2018 se posicionan en los más elevados de la historia de la Comunidad

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Alcanzan los 10.859 millones de euros reforzando los servicios sociales, apoyo a empresas y consolidar la creación de empresas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado esta mañana en Valladolid el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2018, el más elevado de la historia del Gobierno autonómico. Las cuentas de la Comunidad para el próximo ejercicio ascienden a 10.859,2 millones de euros, el 5,5 % más que éste, un montante que se dirigirá de forma prioritaria a reforzar los servicios sociales y apoyar a las empresas para el mantenimiento y la generación de empleo.


 


 

El documento aprobado hoy por el Consejo de Gobierno se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria antes del 15 de octubre, la fecha límite que establece el artículo 89 del Estatuto de Autonomía. Con ello, además de cumplir con un precepto legal, Castilla y León contribuye a la estabilidad política y económica de España. No en vano los Presupuestos constituyen el principal instrumento de cualquier gobierno para impulsar la actividad productiva y el empleo, dar certeza y seguridad jurídica a los agentes económicos y sociales y generar un clima de confianza en las instituciones.


 

28.000 nuevos empleos para avanzar hacia el objetivo del millón de ocupados

El Proyecto de Presupuestos se ha elaborado tomando como base los últimos datos y previsiones disponibles, que indican que 2018 va a ser el quinto ejercicio de crecimiento ininterrumpido del PIB. El cuadro macroeconómico recoge una subida del Producto Interior Bruto del 2,7 %, una décima por encima del anunciado con motivo de la presentación del techo de gasto; una tasa de paro media anual del 12,2 %; un aumento del empleo del 2,8 %, que se traduce en 28.000 puestos de trabajo adicionales y permitirá aproximarse al objetivo de legislatura del millón de ocupados, y un déficit público del -0,4 % que implica reducir el 33 % el autorizado para 2017.


 

Las entregas a cuenta crecen el 6,2 % pero aún no cubren el gasto social

El análisis del estado de ingresos del Proyecto de Presupuestos para 2018 revela que, como es habitual, el grueso –en concreto, el 60 % del total– procede de las entregas a cuenta del modelo de financiación. Son 6.480,9 millones de euros, el 6,2 % más, cantidad que no incluye los 73,9 millones que el Ejecutivo autonómico está obligado a devolver cada año por las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. Frente a esto, destaca la aportación positiva que tiene esta vez la liquidación de 2016, 395 millones de euros, un significativo aumento del 57,3 % que es consecuencia de la recuperación de la economía y del empleo durante ese ejercicio.


 

Si se desmenuzan las entregas a cuenta asignadas a Castilla y León en 2018, se aprecia que su principal ingrediente es la recaudación por IVA, 2.064,1 millones de euros, el 5,48 % más. A continuación se sitúa el IRPF, que suma 1.810,6 millones pese a que desciende el 1,86 %, en lo que es un primer avance del efecto que se producirá a partir del 1 de enero por las exenciones a las rentas más bajas anunciadas por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Sube el 5,45 %, hasta los 962,8 millones de euros, la aportación de los Impuestos Especiales, a la que contribuyen de manera esencial los 606,5 del de Hidrocarburos, el 8 % más. El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales experimenta un aumento de 94 millones –que en porcentaje equivale al 11,7 %–, hasta alcanzar los 897,4 millones de euros, y el Fondo de Suficiencia se eleva el 4,5 % hasta los 424,7.


 

10 millones de recaudación prevista por el impacto de los residuos radiactivos

En segundo lugar figuran los ingresos presupuestarios por los tributos tradicionales y propios que gestiona la Junta, por los que se prevé recaudar 755,8 millones de euros, el 0,16 % más, lo que indica que los recursos que llegan por esta vía se encuentran prácticamente estabilizados. Se espera que Sucesiones y Donaciones incorpore 200 millones a los Presupuestos, fruto de un ligero incremento del 2,04 %; 195 millones llegarán del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, lo mismo que en 2017; Actos Jurídicos Documentados bajará el 9,09 %, hasta los 100 millones de euros, y por séptimo año consecutivo se cobrará Patrimonio, que se mantendrá sin variación con 38 millones. Para terminar este apartado, destacar que el Impuesto sobre la Afección Medioambiental de Determinadas Instalaciones incluye una estimación de recaudación de 10 millones de euros, de un total de 74, para gravar el impacto de los residuos radiactivos de carácter temporal.


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51 beneficios fiscales para ahorrar 294,4 millones a los ciudadanos

Hay que señalar, asimismo, que en 2018 no sólo se mantienen los beneficios fiscales que se han venido aplicando durante este ejercicio, sino que se amplían para favorecer a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género. Ambas ventajas están incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, que también ha sido aprobado en el Consejo de Gobierno ordinario de hoy, una regulación que, como es habitual, acompañará al Proyecto de Presupuestos en su tramitación parlamentaria.

Las rebajas selectivas en los impuestos que gestiona el Gobierno autonómico tienen el propósito de respaldar a las familias, impulsar la creación de empleo, facilitar el acceso a la vivienda –en especial de los jóvenes y en el medio rural–, e incentivar la protección del patrimonio. Su aplicación supondrá un ahorro de 294,4 millones de euros para los contribuyentes de la Comunidad, ya sean particulares o empresas, que tendrán que hacer frente a una menor tributación efectiva.


 

Las consejerías recuperan mil millones en cuatro años para sus políticas

Al examinar el estado de gastos es preciso volver a los 9.577,5 millones de euros de techo máximo de gasto no financiero al que deben ajustarse los programas de la Junta. No todo estará a disposición de las consejerías, puesto que de esta cantidad hay que descontar los recursos de la PAC (924,4 millones), los reservados para abonar los intereses de la deuda (288,5 millones) y los dirigidos a financiar las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes (31,1 millones).


 

El segundo gasto social más alto de la andadura autonómica

Conviene resaltar que se trata de la segunda cifra más alta de la historia autonómica, si se toma como referencia la evolución presupuestaria del gasto social desde que se realizaron las principales transferencias a la Comunidad. De hecho, esa cuantía únicamente ha sido superior en 2010, y por sólo cinco millones de diferencia. Ahora bien, aquel año los recursos efectivos a disposición de las consejerías eran 900 millones superiores a los de 2018, lo que da idea del importante esfuerzo que hace la Junta en la actualidad.


 

Como viene siendo habitual y es ya una seña de identidad de las cuentas del Gobierno de Juan Vicente Herrera, los tres departamentos sociales por excelencia absorben el 80 % del gasto no financiero disponible para las nueve áreas ejecutivas y el 87 % de los recursos autónomos de carácter no financiero.


 

Si se atiende a su presupuesto total, el asignado a la Consejería de Sanidad asciende a 3.588,2 millones (sube el 3,2 %); el de Educación se eleva a 2.044,5 millones de euros (el 3,45 % más) y el de Familia e Igualdad de Oportunidades suma 974,3 millones (aumenta el 5,3 %).

 

La I+D+i alcanza los 236 millones y el fomento del empleo cuenta con 304,5

Clave para continuar modernizando la economía de Castilla y León es avanzar hacia un nuevo modelo productivo que esté basado en la innovación. Por este motivo, el proyecto de Presupuestos para 2018 recoge un nuevo esfuerzo inversor en políticas de ciencia y tecnología, cuyos créditos repuntan de forma notable, el 7 %, hasta los 236 millones de euros. Esta cifra representa el 2,8 % del gasto no financiero de las consejerías, por lo que la Junta da un paso más hacia la meta del 3 % al término de la legislatura, en línea con lo comprometido por el presidente Herrera en su discurso de investidura, que fue posteriormente ratificado en el acuerdo de Comunidad por la reindustrialización, suscrito el pasado 29 de marzo.


 

El desarrollo de las políticas económicas se acompasa con las de fomento del empleo, que contarán con 304,5 millones de euros, el 4,1 % más, respetando el acuerdo asumido en el seno del Diálogo Social de reservar para este fin al menos 90 millones de fondos autónomos. Buena parte de estos fondos serán gestionados por la Consejería de Empleo, que contará con casi 297,3 millones, el 3,8 % más.


 

Para acelerar el pulso de la economía, las cuentas propuestas para 2018 están marcadas por el empuje inversor. El capítulo 6 de inversiones reales escala de forma decidida el 16,7 % hasta los 620,7 millones y fluye hacia todas las políticas de gasto: las de tinte social se potencian el 14,4 % y, el resto, el 18 % de media.


 

Agricultura registra la mayor subida para mitigar los efectos de la sequía

De este último cometido es responsable la Consejería de Agricultura y Ganadería, que con un presupuesto global de 476,1 millones anota la mayor subida entre todos los departamentos, del 8,8 %, y el segundo mayor incremento (del 7 %) si se consideran los créditos no financieros que va a gestionar (431,3 millones).


 

Este impulso a la dotación para el sector primario reafirma el compromiso de la Junta con el campo y el medio rural, que afronta las necesidades derivadas de un año climatológicamente adverso, marcado por los efectos de la sequía. Por ello, las ayudas a los seguros agrarios se refuerzan con el 15,2 %; a las explotaciones agrarias y ganaderas se destinan 45,7 millones de euros, el 12,8 % más, y en la modernización y rejuvenecimiento del sector se inyectan 40 millones, el 9,2 % más.


 

Mejora salarial a los empleados públicos y menor gasto en intereses

La clasificación económica del gasto revela que el capítulo 1 o de Personal consume 3.678,6 millones de euros, con un incremento del 1,5 %, que permitirá mejorar las retribuciones de los empleados públicos. La efectividad tanto de la subida salarial como de la oferta de empleo público –medidas contempladas en el texto articulado del proyecto de ley– queda supeditada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado o a otra normativa que lo posibilite.


 

El capítulo 2 o de gastos corrientes contabiliza 1.430,4 millones, el 4 % más. De esta cantidad, el 94 % se destina al funcionamiento ordinario de hospitales y centros de salud; colegios, comedores y transporte escolar, y centros de mayores, entre otros.