La Junta de Castilla y León ha aprobado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico en la Comunidad, un documento que establece los procedimientos de actuación y coordinación entre las administraciones ante una eventual emergencia relacionada con materiales radiactivos.
El acuerdo fue adoptado por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de octubre y tiene como objetivo reforzar la prevención y garantizar una respuesta eficaz ante diferentes escenarios de riesgo, desde incidentes de menor gravedad hasta accidentes de mayor envergadura.
El plan contempla situaciones como la presencia de fuentes radiactivas peligrosas fuera de control, el uso indebido de materiales radiactivos en instalaciones nucleares o en otros centros donde se trabaje con estos elementos, así como posibles exposiciones o contaminaciones accidentales que afecten a la población o a los trabajadores.También incluye las consecuencias derivadas del uso o tráfico ilícito de material radiactivo y los accidentes que puedan provocar una emergencia de mayor alcance.
Coordinación entre administraciones y servicios de emergencia
El documento establece la estructura organizativa y los mecanismos de coordinación necesarios para intervenir ante una emergencia radiológica. Para ello, prevé la participación de diferentes administraciones y organismos competentes, entre ellos los ayuntamientos, las delegaciones territoriales de la Junta, la Delegación del Gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear.
Asimismo, se han contemplado las aportaciones de la Federación Regional de Municipios y Provincias y de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior durante el trámite de audiencia.
La organización prevista incluye la Dirección del Plan, un comité asesor, un gabinete de información, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 y el Centro Coordinador de Emergencias.
El dispositivo operativo contará, además, con un puesto de mando avanzado y distintos grupos de acción especializados en intervención, seguridad, asistencia sanitaria, logística, cuestiones técnicas, asistencia social y psicológica, así como en la gestión específica del riesgo radiológico.
El plan también regula la coordinación con otros grupos de intervención y la participación del Consejo de Seguridad Nuclear y de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.
Protección de la población y vigilancia radiológica
Entre las medidas previstas figuran las destinadas a proteger a la población general y al personal que intervenga en la emergencia, delimitar y controlar las zonas de actuación y minimizar los posibles daños sobre los bienes materiales y el medio ambiente.
El documento incorpora igualmente medidas para la recuperación del territorio una vez superada la situación de emergencia.
Por otra parte, establece un sistema de vigilancia radiológica integrado por la Red de Alerta a la Radiactividad, la Red de Vigilancia Radiológica Ambiental, la Red de Estaciones Automáticas y la Red de Estaciones de Muestreo.
Con este plan, “la Junta fija un marco de actuación para mejorar la preparación y la respuesta de los servicios implicados ante posibles incidentes radiológicos en Castilla y León, con procedimientos definidos para coordinar los recursos disponibles y reducir los riesgos para las personas y el entorno” explican.
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