El Equipo de Gobierno acusa a PSOE e IU de hacer una lectura interesada de la sentencia por acoso laboral para exigir dimisiones

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente, formado por PP y VOX, ha respondido a las exigencias de dimisión planteadas por el PSOE e Izquierda Unida tras la sentencia del Juzgado de lo Social de Zamora que condena al Consistorio por el procedimiento relacionado con la denuncia de acoso laboral presentada por una trabajadora municipal. El Ejecutivo local acusa a los grupos de la oposición de realizar una interpretación "parcial y políticamente interesada" de la resolución judicial y les reclama que apliquen los mismos criterios de responsabilidad política que defendían cuando gobernaban la ciudad.

En una nota de prensa difundida este jueves, el Gobierno municipal sostiene que la sentencia no condena personalmente por acoso a la alcaldesa, Beatriz Asensio, ni a los concejales de Fiestas Alberto Lorenzo y Cultura Mercedes Benítez señalados por la denunciante. Según defiende, la condena económica recae sobre el Ayuntamiento como institución y no implica que sus representantes deban responder personalmente del pago de la indemnización. "La condena económica recae sobre el Ayuntamiento como institución y no constituye, por sí misma, una condena personal de la alcaldesa o de los concejales al pago de esa cantidad", señala el comunicado.

El Equipo de Gobierno considera que PSOE e IU están utilizando la resolución judicial para reclamar dimisiones inmediatas sin explicar, a su juicio, qué hechos considera acreditados el juzgado, cuáles no da por probados y qué diferencias existen entre las obligaciones del Ayuntamiento como empleador y la responsabilidad individual de los representantes públicos.

En este sentido, el PP y VOX insisten en que ninguno de los responsables municipales señalados ha sido condenado personalmente por acoso y destacan que tampoco formaban parte de la Comisión de Igualdad y Acoso del Ayuntamiento, cuya puesta en funcionamiento y duración constituyen, según la nota, uno de los aspectos fundamentales en los que se basa la sentencia.

El Gobierno destaca los aspectos de la denuncia que no considera acreditados la sentencia

El Ejecutivo municipal dedica buena parte de su comunicado a enumerar los aspectos de la denuncia que, según su interpretación de la resolución judicial, no habrían quedado acreditados. Entre ellos, señala que la sentencia no acredita "un plan común, sistemático y concertado de hostigamiento" por parte de las tres personas demandadas.

Asimismo, sostiene que no se consideran probadas las amenazas, los insultos o la violencia descritos en la demanda en relación con un incidente ocurrido en marzo. Según recoge la nota, la resolución señala que ese episodio, considerado de forma aislada, no constituye acoso.

El comunicado también alude a las comunicaciones mantenidas fuera del horario laboral. El Equipo de Gobierno afirma que la sentencia no considera que estos contactos constituyan por sí solos una conducta de hostigamiento y añade que la propia denunciante también inició conversaciones fuera de su jornada laboral.

Otro de los argumentos expuestos se refiere a las funciones desempeñadas por la trabajadora. Según el Gobierno municipal, la resolución reconoce que las tareas cuestionadas por la demandante tenían cobertura en las funciones correspondientes a su puesto de trabajo.

La nota también recoge la referencia a la Inspección de Trabajo, de la que afirma que "no había podido constatar la existencia de acoso". A ello suma el reconocimiento de la existencia de un protocolo municipal frente al acoso desde 2010 y de un canal interno de denuncias desde 2023, cuya existencia, según el comunicado, negaba la denunciante.

En relación con la documentación médica aportada al procedimiento, el Equipo de Gobierno destaca que la sentencia señala que esta no constituye una prueba pericial causal que permita atribuir al trabajo la causa única y exclusiva del cuadro clínico.

A partir de estos puntos, el Ejecutivo local acusa a PSOE e IU de obviar parte del contenido de la resolución para alcanzar las conclusiones que les interesan. "PSOE e IU deben conocer lo que realmente recoge la sentencia y dejar de manipular malintencionadamente el fallo", afirma el comunicado.

El Gobierno municipal también sostiene que la resolución no individualiza una conducta intimidatoria o vejatoria concreta atribuible a la alcaldesa en los términos que, a su juicio, permitirían sostener las acusaciones políticas formuladas por la oposición. "No es riguroso, sino capcioso, presentar la sentencia [...] como si hubiera declarado probado un plan concertado de acoso por parte de los tres responsables municipales", añade la nota.

La oposición alega el retraso en la aplicación del protocolo

El comunicado del Ayuntamiento de Benavente también hace referencia al funcionamiento de la Comisión de Igualdad y Acoso y a las dificultades surgidas durante la tramitación del procedimiento interno.

Según la interpretación del Equipo de Gobierno, la propia sentencia recoge que una de las causas del retraso fue la "oposición" de la abogada de la denunciante a la aplicación del protocolo municipal y a la búsqueda de un instructor externo.

La nota asegura que la decisión de buscar un instructor ajeno al Ayuntamiento fue adoptada por los integrantes de la comisión con el objetivo de ofrecer las máximas garantías a las partes. El Ejecutivo considera que esta circunstancia también debe tenerse en cuenta al valorar el desarrollo del procedimiento y critica que los grupos de la oposición no la incluyan en sus declaraciones públicas.

En cualquier caso, el Gobierno municipal insiste en que la responsabilidad del Ayuntamiento en materia de prevención y organización como empleador debe distinguirse de la posible responsabilidad personal de sus representantes políticos. "Cualquier responsabilidad individual debe descansar en conductas concretas, individualizadas y suficientemente acreditadas que no se produjeron, y no en deducciones automáticas derivadas de una condena impuesta a la institución", sostiene el comunicado.

PP y VOX recuerdan las condenas durante el gobierno de PSOE e IU

La segunda parte de la nota de prensa se centra en la etapa en la que Patricia Martín y Jesús Nieto participaron en el gobierno municipal. El Equipo de Gobierno les reclama explicaciones sobre las condenas judiciales y las indemnizaciones que tuvo que afrontar el Ayuntamiento durante aquellos años y cuestiona que ahora reclamen dimisiones sin haber aplicado, según sostiene, los mismos criterios cuando tenían responsabilidades de gobierno.

El Ejecutivo local afirma que durante aquella etapa se produjeron numerosas resoluciones judiciales condenatorias y pagos de indemnizaciones derivados de distintos procedimientos, incluidos conflictos relacionados con trabajadores municipales y otros asuntos de la gestión pública.

El comunicado destaca especialmente una indemnización por daños morales que, según indica, superó los 100.000 euros. Además, asegura que los representantes municipales de entonces reconocieron haber causado esos daños morales, una afirmación con la que el actual Gobierno cuestiona la actuación política de quienes ahora exigen responsabilidades.

PP y VOX consideran que Patricia Martín y Jesús Nieto deberían explicar a los vecinos de Benavente cuál fue su respuesta ante aquellas resoluciones y por qué entonces no defendieron ni llevaron a cabo las dimisiones que ahora reclaman. "Las exigencias de dimisión formuladas por el PSOE y por IU plantean una cuestión de coherencia a la que sus representantes, Patricia Martín y Jesús Nieto deberían responder: ¿aplicaban los mismos criterios de responsabilidad cuando estaban al frente del Ayuntamiento?", plantea la nota.

El Gobierno municipal va más allá y pregunta a ambos dirigentes si consideran que también deberían haber pagado personalmente las indemnizaciones que tuvo que asumir el Consistorio durante su etapa de gobierno. "Si PSOE e IU sostienen que una condena al Ayuntamiento obliga necesariamente a dimitir a los responsables políticos y que las indemnizaciones deben ser abonadas personalmente por ellos, deben explicar por qué no aplicaron ese mismo criterio", insiste el comunicado.

Los responsables municipales defienden que el actual equipo de Gobierno ha tenido que seguir afrontando pagos derivados de denuncias relacionadas con hechos de aquella etapa, cuyas condenas, según señala, continúan llegando al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento defenderá sus intereses ante el TSJ

El Equipo de Gobierno concluye su comunicado defendiendo que el debate sobre la responsabilidad política debe diferenciar entre las obligaciones económicas de una Administración y la eventual responsabilidad personal de quienes adoptaron determinadas decisiones. "Una condena al Ayuntamiento no convierte automáticamente a sus representantes políticos en deudores personales de la indemnización", afirma la nota, que vuelve a cuestionar que PSOE e IU no aplicaran ese mismo criterio cuando estaban al frente del Consistorio.

Por último, PP y VOX anuncian que defenderán los intereses del Ayuntamiento y de los vecinos de Benavente ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El Ejecutivo asegura que actuará con responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y mantiene su rechazo a las peticiones de dimisión formuladas por los grupos de la oposición.