La Concejalía de Hacienda propone eliminar el impuesto de plusvalías, que recaudó 144.000 euros en 2025

La Concejalía de Hacienda en el Ayuntamiento de Benavente propondrá la derogación de la ordenanza fiscal que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como impuesto de plusvalías. La iniciativa, impulsada por la alcaldesa, Beatriz Asensio, será sometida al estudio de la Comisión Informativa correspondiente antes de continuar con la tramitación administrativa necesaria para su aprobación.

Este tributo municipal se aplica en determinadas transmisiones de inmuebles urbanos, como las ventas, las herencias y las donaciones. Su eliminación supondría que los contribuyentes dejarían de abonar este impuesto cuando la medida entre en vigor y resulte aplicable a sus operaciones.

Según el equipo de Gobierno, formado por PP y VOX, la propuesta se enmarca en su política de reducción de impuestos y pretende aliviar los gastos que afrontan los ciudadanos. El Consistorio sostiene que “la medida puede adoptarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria ni la prestación de los servicios públicos”.

El Ayuntamiento dejaría de ingresar unos 144.000 euros anuales

Los datos facilitados por el Consistorio reflejan que la recaudación líquida por este impuesto ascendió a 145.145,96 euros en 2022, 209.883,31 euros en 2023, 158.087,10 euros en 2024 y 144.321,68 euros en 2025.

Los informes técnicos municipales, según recoge la nota de prensa, consideran que la eliminación del tributo no pondría en riesgo la sostenibilidad de la Hacienda local. Tomando como referencia la liquidación presupuestaria de 2025, el Ayuntamiento asegura que seguiría cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria, con un margen superior a 130.000 euros.

El equipo de Gobierno defiende que la supresión del impuesto supondría un ahorro para quienes actualmente deben pagarlo al transmitir una propiedad urbana. En el caso de las herencias, el Ayuntamiento señala que el tributo puede representar una carga económica para algunas familias, especialmente para aquellas con menos recursos.

Además, el Consistorio considera que la medida podría favorecer las operaciones de compraventa de inmuebles y contribuir a movilizar viviendas en el municipio, en un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda para jóvenes y familias.

Menos trámites administrativos

La propuesta también contempla la desaparición de los procedimientos de liquidación y recaudación vinculados a este impuesto. El Ayuntamiento argumenta que la jurisprudencia sobre su cálculo y cobro ha reducido los ingresos y aumentado la litigiosidad, con los consiguientes costes administrativos y judiciales en determinados casos.

La eliminación del tributo permitiría, según el Consistorio, destinar esos recursos administrativos a otras tareas municipales.

“La alcaldesa, Beatriz Asensio, impulsa esta propuesta después de tres años de gestión municipal en los que el equipo de Gobierno ha logrado la mejora de las cuentas públicas y la reducción progresiva del elevado endeudamiento que padecía. En poco más de tres años el actual Equipo de Gobierno habrá reducido la deuda municipal cerca de un 70%” apuntan desde la Concejalía.

La derogación de la ordenanza fiscal deberá seguir ahora el procedimiento administrativo correspondiente, como es la Comisión Informativa. Por tanto, el impuesto no desaparece de forma inmediata: su eliminación efectiva queda supeditada a la aprobación de los acuerdos necesarios y al cumplimiento de los trámites legales para su entrada en vigor.