La Junta de Castilla y León simplifica los trámites para la instalación de puntos de recarga pública de vehículos eléctricos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado, en la sesión ordinaria celebrada esta mañana, el proyecto de modificación del Decreto 46/2022, que regula las autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en la Comunidad, con el objetivo de simplificar los trámites necesarios para la instalación de puntos de recarga pública de vehículos eléctricos y de plantas de autoconsumo para viviendas y pequeñas empresas.

Para ello, se propone incluir cuatro nuevos apartados en el artículo 3 del citado decreto que, hasta ahora, establecía la necesidad de autorización administrativa previa, de construcción y de explotación para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones eléctricas, así como para las ampliaciones o modificaciones de las existentes.

Una de las novedades afecta a las instalaciones de distribución y a las de producción de hasta 500 kW de potencia. Las modificaciones que resulten necesarias para la conexión de nuevos suministros podrán obtener directamente la autorización de explotación, sin necesidad de solicitar autorización previa ni de construcción, siempre que no estén sometidas a evaluación de impacto ambiental, cuenten con los acuerdos necesarios con los particulares afectados y dispongan de los informes favorables de las administraciones y empresas de servicios de interés general correspondientes.

La segunda novedad se dirige a las instalaciones de distribución de baja tensión y a las instalaciones de producción de hasta 100 kW asociadas a autoconsumo y conectadas a redes de distribución de baja tensión. En estos casos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, las autorizaciones de explotación podrán acreditarse únicamente mediante la certificación reglamentaria debidamente registrada ante el órgano competente.

Más de 5.000 instalaciones al año

El alcance de esta medida se refleja en el volumen de instalaciones de autoconsumo que se tramitan cada año en la Comunidad. De acuerdo con los datos de 2025, la simplificación podría afectar aproximadamente a 5.000 instalaciones de menos de 100 kW y alrededor de 25 instalaciones de entre 100 y 500 kW que se tramitan anualmente. Estas cifras podrían incrementarse como consecuencia del efecto incentivador que puede generar la nueva simplificación de los trámites administrativos.

“De esta forma, la Junta fomenta el despliegue de este tipo de instalaciones en Castilla y León y contribuye al avance en la electrificación de la automoción” indican desde el Gobierno Regional.

Castilla y León se sitúa en el primer puesto en el indicador de infraestructuras de recarga eléctrica de vehículos con 23,7 puntos sobre 100, seguido por Cantabria (22,2) y Navarra (21,7), según el último barómetro de Electromovilidad de junio de 2026 publicado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Este indicador mide el grado de desarrollo de la infraestructura de recarga pública y sitúa la media española en 15,4 puntos.

Castilla y León cuenta con 3.659 puntos de recarga de acceso público, de los que 470 superan los 250 kW, considerados de alta potencia con un periodo de recarga rápido más próximo a los tiempos de repostaje de los vehículos de combustión.