Castilla y León se mantiene entre las comunidades con mejores servicios sociales de España según el informe DEC

Castilla y León vuelve a situarse entre las comunidades autónomas con mayor desarrollo de sus servicios sociales. El Índice DEC 2025, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, concede a la Comunidad una puntuación de 7,2 sobre 10, frente al 5,33 de media nacional. El resultado sitúa a Castilla y León en el segundo puesto de España, únicamente por detrás del País Vasco, que alcanza 7,35 puntos, y como primera comunidad entre las de régimen común.

La Comunidad encadena así trece años entre las primeras posiciones del Índice DEC, un informe que analiza el desarrollo de los sistemas públicos de servicios sociales a partir de indicadores relacionados con los derechos reconocidos, la inversión económica y la cobertura efectiva de las prestaciones y servicios.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, participó este jueves en Madrid en la presentación del informe, que calificó como una herramienta de referencia para conocer la situación de los diferentes sistemas autonómicos y detectar ámbitos en los que continuar avanzando. Durante el mismo acto recibió el reconocimiento concedido al programa ‘A gusto en casa’, elegido como mejor iniciativa rural por su trabajo para reforzar la autonomía de las personas dependientes y favorecer que puedan continuar recibiendo cuidados en su propio domicilio.

Castilla y León encabeza la cobertura de plazas residenciales públicas

Entre los indicadores destacados por el informe figura la atención a las personas en situación de dependencia. Castilla y León consigue en este apartado una puntuación de 7,5, frente al 4,9 de media nacional.

Uno de los datos más destacados corresponde a las plazas residenciales financiadas con recursos públicos para personas mayores de 75 años, donde la cobertura alcanza el 11,6 %, más del doble del promedio estatal, situado en el 5,5 %. Esta cifra coloca a Castilla y León a la cabeza de las comunidades autónomas.

La primera posición también se repite en las plazas residenciales destinadas a personas con discapacidad, con una cobertura del 4,5 %, frente al 1,8 % del conjunto del país.

Según los datos recogidos en el Índice DEC, una persona perteneciente a este colectivo tiene en Castilla y León una disponibilidad de plazas residenciales equivalente a 2,5 veces la media estatal. En centros de día y ocupacionales especializados en discapacidad, la Comunidad dispone de 6,5 plazas por cada cien personas, mientras que la media española es de 3,2.

Más de 627 euros de gasto social por habitante

El informe analiza también el esfuerzo económico destinado a los servicios sociales. El gasto por habitante en Castilla y León alcanza los 627,7 euros, un 5,9 % más que el año anterior, mientras que la media española se sitúa en 575,1 euros.

Las administraciones públicas de la Comunidad destinan el 11,1 % de sus presupuestos a servicios sociales, frente al 10,4 % del conjunto nacional. Del gasto social realizado en Castilla y León, el 79 % procede de la Junta.

En relación con el Producto Interior Bruto autonómico, los recursos destinados a esta materia representan el 2,03 % del PIB, frente al 1,7 % de media de las comunidades autónomas.

Los resultados se producen además en una comunidad marcada por factores como la dispersión geográfica, la elevada ruralidad, el envejecimiento de la población y la baja natalidad, circunstancias que condicionan la organización y prestación de servicios, especialmente en los núcleos de menor población.

‘A gusto en casa’, reconocido como mejor iniciativa rural

La presentación del Índice DEC dejó también un reconocimiento para el programa ‘A gusto en casa’, impulsado por la Junta y distinguido como mejor iniciativa rural por su modelo de atención a personas que necesitan cuidados y desean permanecer en su propio domicilio.

Actualmente, el programa atiende a 2.493 personas en 1.119 municipios de las nueve provincias de Castilla y León. La iniciativa comenzó en 2018 como proyecto piloto en la provincia de Ávila y posteriormente se fue extendiendo al resto de la Comunidad.

Su finalidad es facilitar que personas mayores, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas puedan continuar viviendo en su casa y en su entorno rural, evitando que la necesidad de cuidados les obligue a abandonar su localidad.

Para ello se ofrecen diferentes apoyos y cuidados de proximidad, entre ellos servicios para la promoción de la autonomía personal, comedor, lavandería, asistencia personal o teleasistencia avanzada, junto con mecanismos de coordinación sociosanitaria.

El modelo se basa en una atención individualizada y cuenta con la figura del gestor de caso, un profesional encargado de ayudar a cada usuario a definir su proyecto de vida, determinar los apoyos que necesita y coordinar su disponibilidad.

Además de facilitar la permanencia de las personas en sus hogares, la Junta destaca el papel del programa en la generación de empleo y en el mantenimiento de población en el medio rural, al acercar servicios asistenciales a localidades de pequeño tamaño.