Vecinos de Villaferrueña reclaman una auditoría externa de la gestión municipal entre 2011 y 2026

Vecinos de Villaferrueña han solicitado formalmente al Ayuntamiento que lleve al Pleno municipal una propuesta para reclamar una auditoría externa e independiente de la gestión económico-financiera del Consistorio entre los años 2011 y 2026, periodo que coincide con los años de gobierno del alcalde, Gregorio Martínez.

La petición fue registrada el pasado 5 de junio de 2026 por Rafael M. Fuente Fernández, vecino empadronado en la localidad, al amparo del derecho de petición y de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la normativa de régimen local.

El objetivo de los promotores es que el Ayuntamiento acuerde solicitar al Consejo de Cuentas de Castilla y León una fiscalización que permita revisar el destino y utilización de los fondos públicos municipales, así como los procedimientos administrativos y económicos desarrollados durante estos años.

Según recoge el escrito presentado, la solicitud se fundamenta en una serie de antecedentes administrativos, judiciales, consultivos y técnicos que, según los vecinos, justificarían la necesidad de someter la gestión municipal a una revisión externa.

Los promotores de la iniciativa sostienen que durante estos años el Ayuntamiento habría gestionado de forma ineficiente o malgastado más de ocho millones de euros, una cantidad a la que, según señalan, habría que añadir diferentes subvenciones y ayudas procedentes de otras administraciones.

Entre ellas citan programas como el Plan Mixto y el Plan Rehabitare, ayudas de las consejerías de Presidencia y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, fondos europeos y otras líneas de financiación pública.

Los vecinos recuerdan además que el municipio ha contado durante estos años con diferentes fuentes de ingresos y recursos, entre ellos los vinculados a la planta de aerogeneradores, el coto de caza y los aprovechamientos madereros, además de las subvenciones públicas.

A juicio de los solicitantes, la disponibilidad de estos recursos no se habría traducido en una mejora proporcional de los servicios, las infraestructuras y la calidad de vida de los vecinos.

Uno de los capítulos que los promotores consideran especialmente relevante es el correspondiente a las antiguas escuelas, donde, según exponen, se habrían destinado durante más de una década diferentes ayudas para la construcción y adecuación de instalaciones.

Los vecinos sitúan en torno a 750.000 euros el montante destinado a este espacio, sumando subvenciones públicas y fondos propios municipales.

Sin embargo, denuncian que, pese a la inversión realizada, no se habría implantado ningún servicio social efectivo en las instalaciones, por lo que consideran necesario determinar el destino de los recursos empleados, así como las posibles consecuencias económicas para las arcas municipales.

El escrito presentado ante el Ayuntamiento recoge también diferentes antecedentes que, según los promotores, deben ser examinados dentro de una fiscalización externa.

Entre ellos figuran actuaciones del Procurador del Común de Castilla y León, el Dictamen 122/2023 del Consejo Consultivo de Castilla y León, relativo al coto de caza municipal ZA-10.025, y la Sentencia 97/2023 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zamora. También se mencionan autos judiciales de 2025, expedientes medioambientales y un informe de control interno municipal de 2021.

Los vecinos consideran que estos documentos contienen elementos suficientes para justificar una revisión independiente de la gestión municipal y sostienen que la auditoría permitiría determinar si las actuaciones realizadas se ajustaron a la normativa y si pudieron generar consecuencias económicas para el Ayuntamiento.

En este punto, los promotores precisan que no existe una condena penal por prevaricación, al no haberse acreditado, según su exposición, el dolo necesario para la existencia del delito. No obstante, consideran que esta circunstancia no impide que puedan existir cuestiones de carácter administrativo, político o económico que deban ser analizadas por los organismos competentes.

La auditoría solicitada tendría un amplio ámbito de actuación. Entre las cuestiones que los vecinos quieren que sean examinadas figuran los ingresos municipales procedentes de actividades y fiestas, la tesorería, la caja, los arqueos, los justificantes de gasto y las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 2011-2026.

También reclaman revisar la contratación y el gasto municipal, los contratos menores, posibles fraccionamientos de contratos, pagos y expedientes medioambientales.

La gestión del coto de caza municipal y las actuaciones desarrolladas en edificios e instalaciones municipales formarían igualmente parte de las cuestiones que los promotores quieren someter a fiscalización.

Para ello, solicitan que se facilite al órgano fiscalizador toda la documentación necesaria, incluyendo la contabilidad municipal, extractos bancarios, expedientes de contratación, licitaciones, justificantes de gasto, pagos y documentación relativa a las subvenciones recibidas.

La petición fue registrada el 5 de junio de 2026 y los promotores solicitaron una resolución expresa y motivada dentro del plazo establecido por la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición.

Según manifiestan los vecinos, hasta el momento no han recibido una respuesta formal del Ayuntamiento.

Los solicitantes consideran que una auditoría externa no debería interpretarse como una cuestión partidista, sino como un mecanismo de transparencia y control democrático sobre la gestión de los recursos públicos.

En este sentido, señalan que incluso el concejal de la oposición, bajo las siglas de Izquierda Unida, se habría mostrado favorable a que la gestión municipal sea revisada por un órgano competente.

Los promotores advierten de que, si finalmente no reciben respuesta dentro del plazo previsto o se produce una denegación que consideren insuficientemente motivada, no descartan trasladar la cuestión a otras instituciones de control, entre ellas el Procurador del Común, la Junta de Castilla y León o la Fiscalía, además de poner los hechos en conocimiento de los medios de comunicación.

Los vecinos defienden que, después de años de controversias y de la existencia, según aseguran, de distintos informes, expedientes, resoluciones y sentencias, el Ayuntamiento debería someter su gestión a una revisión independiente.

El objetivo último de la iniciativa, sostienen, es aclarar el destino de los fondos públicos, comprobar la correcta utilización y justificación de las subvenciones, determinar si se han producido perjuicios económicos y, en su caso, depurar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Para los promotores, la auditoría permitiría además recuperar la confianza de los vecinos en las instituciones municipales y garantizar que los recursos públicos se administran conforme a la legalidad, con eficiencia y atendiendo al interés general.