El Ayuntamiento de Benavente ha dictado un nuevo decreto de inicio de orden de ejecución tras haberse declarado la caducidad del expediente iniciado a finales del pasado mes de febrero. El procedimiento se dirige nuevamente contra la mercantil titular de la licencia de obras para exigir la reposición reglamentaria del pavimento en la Calle de los Herreros.
Los hechos se remontan a las obras de canalización e instalación de infraestructura de gas autorizadas. Entre las prescripciones técnicas fijadas en dicha licencia se estipulaba que "todo material de reposición del pavimento será igual al existente".
Sin embargo, tras las inspecciones de la Policía Local e informes de los Servicios Técnicos Municipales emitidos a principios de este año, se comprobó que la empresa finalizó la intervención colocando únicamente una solera de hormigón a modo de acabado, sin restituir el adoquín hidráulico original. Esta actuación provisional ha provocado roturas, hundimientos y un claro deterioro de la calzada que supone un riesgo para la seguridad de los peatones y el tránsito de la vía pública.
Aunque la orden de ejecución incoada inicialmente el 26 de febrero de 2026 caducó por el transcurso del plazo máximo de tres meses de tramitación fijado por la Ley 39/2015, la normativa urbanística de Castilla y León establece que este tipo de órdenes no prescriben. Por ello, la Alcaldía ha dispuesto la apertura de un nuevo procedimiento.
El proyecto redactado por los técnicos municipales contempla la retirada del pavimento defectuoso y la colocación del adoquinado reglamentario —adoquín hidráulico de 20x10x10 cm, modelo Terana SIX de Breinco o similar en tonos ceniza y corten, sobre solera de hormigón y mortero de cemento— con el fin de devolver la calle a su estado original.
La valoración económica total de la obra requerida asciende a 1.727,88 euros (incluyendo costes directos, gastos generales, beneficio industrial e IVA), importe al que la mercantil deberá sumar el correspondiente Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
El Ayuntamiento advierte de que, en caso de incumplimiento por parte de la empresa, podrá acudir a la ejecución subsidiaria (asumiendo el Municipio las obras y repercutiendo el coste a la mercantil) o a la imposición de multas coercitivas de periodicidad mensual, equivalentes al 10% del valor de la obra ordenada cada una, hasta lograr el cumplimiento total de la orden.
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