El sector pirotécnico denuncia su “asfixia” ante el veto aplicado en Castilla y León y otras cuatro comunidades

La patronal considera que esta oleada de suspensiones es “indiscriminada e injustificada” y advierte de que pone en riesgo la supervivencia de una industria “artesanal, tradicional, legal y regulada” que concentra el 80% de su actividad en los meses de julio y agosto, especialmente en torno al 15 de agosto, fecha de celebraciones patronales en cientos de municipios.

AEPIRO sostiene que se está imponiendo una percepción errónea sobre el papel de la pirotecnia en los incendios forestales. Según la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio para la Transición Ecológica, los fuegos artificiales solo fueron responsables del 0,049% de la superficie forestal quemada en España entre 2015 y 2023, una cifra mínima frente a causas como la intencionalidad, los rayos, las colillas, los vehículos o las líneas eléctricas. El porcentaje es igualmente reducido en las comunidades que aplican restricciones: 0,011% en Aragón, 0,02% en Andalucía, 0,040% en Extremadura, 0,044% en Castilla-La Mancha y 0,016% en Castilla y León.

La asociación lamenta que se trate a la pirotecnia “como una actividad improvisada o temeraria”, cuando recuerda que es uno de los sectores más regulados de Europa. Los artículos utilizados en espectáculos profesionales deben superar controles estrictos para obtener el Marcado CE, cumplir las normas europeas EN 15947 y EN 16261, y estar incluidos en el Catálogo Oficial de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería (CATEX) del Ministerio de Industria. A ello se suman planes de seguridad, presencia de equipos de extinción y medidas preventivas en cada montaje. “Tratar como un peligro público una actividad con estos niveles de certificación, control y prevención es un insulto a los ingenieros y técnicos del sector”, afirma AEPIRO.

La patronal denuncia además la falta de compensaciones económicas ante las cancelaciones. “Las Administraciones promueven políticas de veto basándose en un supuesto riesgo que las estadísticas oficiales desmienten, pero no contemplan ayudas ni indemnizaciones”, señala. AEPIRO reclama que, si los gobiernos consideran peligrosa la actividad, “lo digan con claridad, expliquen el criterio técnico de cada restricción y asuman su coste político”, en lugar de “imponer prohibiciones por la vía de hecho”.

Otro de los puntos críticos es la aplicación del veto en zonas de influencia forestal sin tener en cuenta el Índice de Riesgo de Incendios Forestales que publica diariamente la AEMET. Según AEPIRO, en comunidades como Andalucía se aplica una prohibición “genérica y prolongada en el tiempo”, ignorando las condiciones meteorológicas reales de cada jornada.

La asociación también denuncia un “fraude de ley” en la interpretación de la normativa forestal, ya que la Ley de Montes excluye expresamente el suelo urbano consolidado y los terrenos agrícolas sin continuidad forestal, lugares donde se realizan la mayoría de los espectáculos pirotécnicos: plazas, recintos feriales y cascos históricos. AEPIRO recuerda que cada año se celebran decenas de miles de espectáculos en España y que más del 80% de los municipios cuenta con al menos uno, generalmente de pequeño formato y alejados de zonas forestales.

Ante esta situación, AEPIRO exige la creación urgente de una Mesa de Diálogo con las Direcciones Generales de Emergencias de las comunidades autónomas para que las restricciones se basen en criterios de seguridad industrial y en una delimitación competencial clara. El objetivo, señalan, es frenar “una campaña de acoso que destruye un patrimonio cultural, tradicional e industrial estratégico de la España rural”.