La Junta reclama al Gobierno central más de 4.600 millones de euros por la deuda acumulada en materia de dependencia

Vázquez ha señalado que el incremento de financiación anunciado por el Ejecutivo para 2026, aprobado mediante Real Decreto-Ley, es una medida “puntual” que no garantiza la viabilidad ni la estabilidad del sistema, que atiende actualmente a casi 130.000 personas dependientes en Castilla y León. Según ha explicado, este aumento llega “sin presupuestos generales y por la vía del decreto”, lo que genera “desconfianza” y deja en el aire la continuidad del modelo más allá del próximo año.

El consejero ha recordado que la Junta lleva años reclamando que el Gobierno cumpla la Ley de Dependencia, que establece la obligación estatal de aportar el 50 % de la financiación. Sin embargo, ha sido la Comunidad quien ha tenido que asumir el coste derivado de la insuficiente aportación estatal. La deuda acumulada asciende a 4.631.711.373 euros, de los cuales 664.397.759 corresponden a la actual legislatura. Vázquez ha reclamado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que el Estado asuma esta cantidad.

El incremento aprobado para 2026, ha insistido, es una aportación extraordinaria que no garantiza estabilidad para las 128.000 personas dependientes de la Comunidad, especialmente en un contexto en el que los presupuestos estatales continúan prorrogados desde 2023. Además, el consejero ha advertido de que el nuevo modelo de Dependencia, cuya ley está en trámite, no contempla la evolución real del coste de los servicios ni el incremento de profesionales previsto por el propio Ministerio para los próximos años.

Durante su intervención, Vázquez ha propuesto adoptar un modelo similar al acordado entre el Gobierno y el País Vasco, que queda fuera del Real Decreto-Ley. En ese pacto, ha explicado, no solo se garantiza el 50 % del nivel mínimo, sino el 50 % de todo el gasto certificado, además de asegurar la financiación para 2027.

La Junta ha manifestado su preocupación ante la situación presupuestaria que puede generar este modelo temporal, que no ofrece garantías de continuidad ni estabilidad para un sistema que, según ha subrayado el consejero, requiere planificación a medio y largo plazo para asegurar la atención adecuada a miles de personas dependientes en Castilla y León.