El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Benavente ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Castilla y León en la que solicita que se investigue un posible delito de prevaricación administrativa relacionado con la gestión sanitaria del Gobierno autonómico. Según la denuncia, las decisiones adoptadas por la Junta estarían detrás del “grave empeoramiento” de la atención sanitaria en el Área de Salud de Zamora, a la que pertenecen los centros sanitarios de Benavente.
El concejal de IU, Manuel Burón, sostiene que los retrasos acumulados en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas son “el resultado directo de decisiones político‑organizativas” que estarían provocando demoras “injustificables” y que, en algunos casos, “podrían estar poniendo en riesgo la vida de los pacientes”.
En el documento remitido a Fiscalía se recoge que más de 22.000 usuarios de la provincia superan los plazos máximos de espera establecidos por la propia Junta en el Decreto 68/2008, que regula los tiempos de acceso a la atención especializada.
El texto señala: “Estos pacientes están viendo vulnerados los tiempos máximos fijados por la normativa autonómica” .
IU denuncia además la existencia de miles de usuarios que permanecen en lista de espera sin fecha asignada para una primera consulta o para pruebas posteriores a su derivación desde Atención Primaria. Según Burón, esta situación se agrava por el llamado “cierre de agendas”, una práctica que, según afirma, permite que estos pacientes no computen en los plazos oficiales y “maquilla” las cifras reales de demora.
La denuncia recoge literalmente que “ese periodo de tiempo largo entre que se pide una cita y que SACyL asigne una fecha… queda almacenado sin revisar y ese tiempo no lo cuentan para listas de espera” . IU sostiene que esta práctica deja a miles de personas “en un limbo administrativo” y pide a la Fiscalía que determine si vulnera la legalidad.
El grupo municipal también alerta de que los centros de salud de Benavente acumulan retrasos de entre 15 y 20 días para ser atendido por un médico de familia. A ello se suma, según IU, la “costumbre” de cerrar camas hospitalarias y consultorios rurales durante el verano, lo que obliga a muchos vecinos —especialmente personas mayores— a desplazarse varios kilómetros para recibir atención.
La denuncia presentada ante Fiscalía sostiene que la gestión sanitaria de la Junta está agravando las desigualdades entre áreas de salud dentro de la Comunidad. IU considera que esta situación podría vulnerar el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos.
El documento afirma que esta discriminación territorial “cercena el derecho a la igualdad de los ciudadanos” .
Manuel Burón asegura sentirse “impotente” ante la falta de soluciones y afirma que las denuncias públicas realizadas durante años “no han servido para revertir la situación”. Por ello, IU ha decidido “dar un paso más” y acudir a la Justicia “en defensa de los derechos de los vecinos y de una sanidad digna”.
La denuncia fue registrada en Benavente el 3 de mayo de 2026 y solicita que la Fiscalía determine si las decisiones adoptadas por los responsables autonómicos pueden constituir un delito y si las prácticas denunciadas vulneran la normativa vigente.
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