Seis personas investigadas por presunto fraude alimentario, falsificación documentar y delitos contra la salud pública y propiedad industrial

Durante los meses de marzo y abril de 2026, en el primero de los operativos, agentes del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora procedieron a la investigación de cinco personas como supuestos autores de delitos contra la salud pública y contra la propiedad industrial.

La investigación comenzó tras detectarse la comercialización de quesos utilizando una marca cuyos derechos de explotación pertenecían a otra empresa que había cesado su actividad hacía más de un año.

Las averiguaciones de la Guardia Civil constataron que una distribuidora comercial de productos lácteos, recibía quesos elaborados de manera industrial y los volvía a etiquetar falsamente como productos artesanales de una marca distinta para ocultar su verdadero origen, para de forma seguida redistribuirlos por diferentes provincias de Castilla y León.

El producto falsificado contenía sustancias que no figuraban en la etiqueta y que podrían haber sido perjudiciales para la salud de algunas personas alérgicas.

Por parte de los efectivos del SEPRONA se hallaron e inmovilizaron todas las partidas y lotes del queso re-etiquetado, procediendo a su destrucción por las Autoridades Sanitarias.

Esta operación se desarrolló en las provincias de Valladolid, Zamora y Burgos. Unidades como el SEPRONA, ejercen una labor de vigilancia para garantizar y asegurar la seguridad alimentaria de los consumidores .

Por otro lado, a primeros del mes de abril de 2026, componentes del SEPRONA, en el marco de los controles agroalimentarios que realiza, procedió a la inspección de una mercantil de productos alimenticios congelados. Durante la inspección se hallaron aproximadamente 17.000 kg de productos ultra-congelados con la fecha de caducidad superada. Estos alimentos estaban dispuestos junto con otros productos aptos para su distribución y en base a los informes de las Autoridades Sanitarias, no eran seguros para el consumo humano al incumplir la normativa europea alimentaria.

Durante la inspección también se comprobó que los certificados de conformidad ATP, que es obligatorio para los vehículos que transportan mercancías perecederas, habían sido alterados y modificados.

Por este motivo fue investigado el gerente de la distribuidora en esta provincia, como supuesto autor de un delito de falsificación y fraude alimentario, como responsable estos hechos.

El Código Penal español contempla en su articulado el fraude alimentario dentro de los delitos contra la salud pública y los consumidores. Así mismo el art. 282 castiga las falsedades sobre la calidad u origen de los productos.