PP-VOX defienden su gestión de las obras subvencionadas en Benavente “no hemos perdido ninguna subvención”

Una sesión plenaria de carácter extraordinario ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Benavente con el sorteo de las mesas electorales de cara a las elecciones de Castilla y León del 15 marzo como primer punto de orden del día.

Tras aprobar el acta de la sesión anterior se procedió a aprobar el Plan Especial para la implantación de los usos complementarios en una parcela en la Cañada Real Berciana para la puesta en marcha de una nueva gasolinera.

El concejal de Izquierda Unida de Benavente, Manuel Burón exponía durante su intervención apuntando que este Plan “ pretende añadir a los usos predominantes la implantación en las citadas parcelas de los usos complementarios dotacional clase C, sistema de transporte y comunicación para servicios de automóvil, electrolinera y gasolinera y terciario clase D, lugares de reunión, categoría primera, restaurante, como alternativos y no suponen alteraciones del modelo urbanístico”.

Burón consideraba que este proyecto se aprobó a la Junta de Gobierno Local el 12 de junio de 2025 y la recepción de los informes no se finalizó hasta el 29 de diciembre “siendo favorables. Las modificaciones introducidas por el Servicio Territorial de Fomento de la Junta en su informe, que no se recibió hasta el pasado 27 de enero, de subsanación de deficiencias no alteran el proyecto. Fue la razón por la que se ha demorado la aprobación definitiva. Cuenta con los informes técnicos favorables y no se han presentado alegaciones”. Argumentos que hicieron cambiar el voto de la comisión informativa de IU de abstención a voto a favor.

El concejal del grupo municipal de VOX y edil de Obras y Contrataciones, Eugenio Blanco señalaba que este Plan Especial “permitirá implantar servicios al transporte, suministro energético y actividad terciaria, conforme al dictamen favorable de la Comisión Informativa” defendiendo a la vez que no es un expediente ideológico “no estamos recalificando solo rústicos sin control. No estamos aprobando una macroinfraestructura especulativa. Estamos permitiendo servicios al transporte en una ciudad logística, una electrolinera compatible con la transición energética, actividad económica regulada, empleo y dinamización”.

Blanco continuaba apuntaba que “hay una visión del urbanismo basada en la sospecha permanente hacia cualquier iniciativa privada. Esta visión genera parálisis y la parálisis en la ciudad, como en la venta, significa menos inversión, menos empleo, menos servicios, más estancamiento. Nosotros no compartimos esta política de ‘no’ por defecto, si el expediente cumple, se aprueba”.

La concejala del Partido Socialista, Sandra Veleda anunciaba el voto a favor de su grupo municipal “vamos a votar a favor, como hacemos siempre cuando se trata de generar oportunidades para nuestra ciudad y para generar actividad económica, por pequeña que sea”.

Aún así Veleda le resultaba sorprendente los plazos de tramitación del expediente señalanado que se recibió la documentación 4 de diciembre de 2024 y no se llevó a la Jutna de Gobierno Local hasta junio de 2025 aprobándolo el 11 de junio de ese año, remitiéndose al Boletín Oficial quince días después y el 2 de julio se iniciaba el periodo de exposición pública y en la web municipal hasta el 10 de julio de 2025 “y digo esto porque al final es una dilatación de plazos. Son quince días de aquí, seis meses de allí, que el plan especial hace que se retrase y, por tanto, hace que se retrase toda la inversión que después va a venir. Esta dilatación de plazos, que empieza a ser común en muchas de las áreas del ayuntamiento, hace, como decía, que se retrase la tramitación cerca de medio año y que es una constante en el ayuntamiento de Benavente y es ya la tónica habitual en prácticamente todas las áreas”.

Un argumento que reprochó el concejal de Gestión Urbanística, Alberto Posado quien defendía que este Plan Especial que “no hay recalificaciones encubierta ni beneficios urbanísticos añadidos. Hay ordenación, claridad y seguridad jurídica”. Respecto a la tramitación de expediente “ha seguido todos los pasos exigidos por la normativa vigente, con sus tiempos. Son muchos expedientes, muchos informes. Los informes sectoriales favorables, con información pública sin alegaciones y la incorporación de las observaciones de la Administración autonómica competente”.

Posado aclaraba que la aprobación de este Plan no concreta actividad ni licencia sino un marco urbanístico “cualquier actuación futura deberá cumplir la normativa sectorial y los procedimientos ordinarios. Así pues, y en contra de lo que usted está diciendo, defendemos un urbanismo basado en reglas claras, planificación y respecto a la legalidad, aportando hechos frente a la crítica constante. Los plazos son los que son, nosotros no los fijamos. No podemos omitir ningún informe, sencillamente. Es que es un procedimiento totalmente reglado”.

El convenio con SOMACYL para la construcción de 36 viviendas públicas en Benavente y aprobado por los votos a favor de todos los grupos políticos fue el siguiente punto a debate.

El concejal de Izquierda Unida, Manuel Burón daba la enhorabuena por la construcción de las 36 viviendas “consideramos que actualmente el acceso a la vivienda es el primer problema, sobre todo para los jóvenes, por el déficit de su poder adquisitivo. Por ello, es necesaria la promoción de vivienda protegida y creemos que proyectos así redundarán en asentar poblaciones meramente y dar respuesta a paliar la demanda que apropiará el futuro desarrollo industrial”.

Burón apuntaba que como compromiso municipal incluye tramitar la bonificación del 95% del ICIO y declarar las obras de especial interés o utilidad municipal “la Tesorería ha informado desfavorablemente esa previsión tributaria contenida en la cláusula segunda de la propuesta del convenio, que ha tenido que ser modificada para no poner el carro delante de los bueyes, como pretende SOMACYL. El Servicio de Tesorería indica que la solicitud de bonificación del 95% y declaración de especial interés o utilidad municipal deben presentarse al mismo tiempo o después de la solicitud de licencia urbanística por el sujeto pasivo, SOMACYL, y no trasladarla al ayuntamiento como obligación de trámite y proponiendo solicitudes implícitas, tal y como venía ese proyecto”.

El concejal de VOX, Eugenio Blanco apuntaba que “no estamos ante un simple trámite urbanístico, estamos ante una decisión política que afecta directamente al acceso a la vivienda, al asentamiento de población y al futuro de Benavente. No hay improvisación, no hay vacío jurídico, no hay riesgo para el Ayuntamiento, lo que hay es una decisión política. El convenio no es una cesión sin control”.

Blanco apuntaba que SOMACYL asume la redacción del proyecto básico en seis meses y una ejecución de las viviendas de 20 meses con la licencia de primera ocupación máxima en 24 meses “y algo muy importante los adjudicatarios deben cumplir requisitos objetivos, inscripción en registro público, no ser propietario de otra vivienda, etcétera. Es un modelo jurídicamente blindado y con control público”.

Sandra Veleda del Grupo Municipal Socialista valoraba la construcción de estas viviendas públicas “la falta de vivienda asequible es uno de los mayores problemas en la actualidad, ya que los elevados costes de la misma consecuencia en la mayoría de los casos de la especulación y la falta de vivienda pública dificulta el acceso a la misma, especialmente a los más jóvenes”.

A lo largo de su argumentario Veleda consideraba que la Junta se encargara de poner el suelo “no obstante es un mal menor y si eso va a permitir generar actividad y va a permitir crear vivienda pública que es necesaria en la ciudad”, aunque esperaba que se materializara a la mayor brevedad posible “no quiero pensar que puede ser un anuncio preelectoral que queda muy bien en el papel, pero que simplemente puede quedar en papel mojado, porque esta experiencia ya la ha vivido este ayuntamiento”.

Alberto Posado, responsable del área de Gestión Urbanística ha puesto en valor el trabajo de la Alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio “ha estado trabajando mucho y arduamente en este tema y que, desde luego, nada de publicidad preelectoral, ni mucho menos” apuntando que el convenio entre Ayuntamiento y SOMACYL “El modelo elegido es responsable, el Ayuntamiento aporta el suelo, pero no asume la promoción ni los riesgos económicos. Es SOMACYL, por cierto, que es una entidad pública con experiencia en este tipo de actuaciones, asume la financiación, la ejecución y la gestión de la promoción. Esto permite avanzar en políticas de vivienda sin comprometer la estabilidad económica municipal. El convenio no deja nada al azar, establece compromisos claros, plazos definidos y garantías suficientes, incluida la reversión del suelo al ayuntamiento si el proyecto no se ejecuta en los términos acordados”.

Posada señalaba que será el propio Ayuntamiento quien fije los criterios de adjudicación “asegurando que estas viviendas protegidas lleguen a quien realmente las necesite. Así pues, no estamos hablando ante una declaración de intenciones, no es nada preelectoral, sino un instrumento real para que 36 viviendas de protección oficial sean una realidad”.

Un pleno en el que también se han aprobado dos modificaciones presupuestarias para varias inversiones como la reforma del entorno de la Plaza Virgen de la Vega, mejora de varias calles de Benavente o señalización turística y que tuvieron turno de debate por separado.

La primera de ellas asciende a 902.861,45 euros para la ejecución del proyecto de reforma integral de la Plaza Virgen de la Vega y la pavimentación de la Carretera León. El concejal de Izquierda Unida Manuel Burón apuntaba que esta modificación se realiza con cargo a remanentes de tesorería y que no incide en el cumplimiento de las reglas fiscales ni incrementa el gasto computable.

El concejal de VOX, Eugenio Blanco y responsables de las Obras y Contrataciones del Ayuntamiento de Benavente señalaba que esta modificación aplica el remanente en inversiones relacionadas con obra pública y que cuenta con todos los informes favorables.

Patricia Martín, Portavoz del Partido Socialista le resultaba “extraño” que no se fijara estas partidas en el presupuesto del año 2026 cuya exposición pública para la presentación de alegaciones finalizaba hoy, al ser ingresos realizados en el año 2025.

El concejal de Hacienda, José Manuel Salvador defendía que estas actuaciones son inversiones necesarias y demandadas por los vecinos de Benavente, describiendo las actuaciones previstas bajo esta modalidad de crédito y que fueron presentadas a través de una nota de prensa días pasado.

La segunda modificación se centra en la señalización turística mediante crédito extraordinario por 14.414 euros, actuación no prevista para el año 2026 por lo que es necesario crear una consignación presupuestaria.

Manuel Burón de Izquierda Unida, anunciaba la abstención a este punto al generar esta modificación un déficit presupuestario, con impacto en la regla de gasto además de no contemplarse en el anexo de inversiones del presupuesto del año 2026.

Eugenio Blanco de VOX, destacaba que esta actuación mejorará la orientación del turista y refuerza la imagen de la ciudad, apoyando a la hostelería y comercio, defendiendo que está financiado con remanente afectado que cuenta con el informe favorable.

Patricia Martín, Portavoz Socialista, mostraba el voto a favor de su grupo pero insistía que también esta actuación se debería haber incluido en el presupuesto de este año. Apuntando que al estar condicionado por un remanente supone que no son recursos de libre disposición sino que son fondos concedidos a una finalidad concreta.

El concejal de Hacienda, José Manuel Salvador indicaba que los fondos fueron recibidos el 9 de octubre de 2025 por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes asegurando que esta actuación estaba dentro de las previsiones.

El último punto del pleno fue la aprobación del modificado de la rehabilitación del Mercado de Abastos para incorporar la impermeabilización de la cubierta que no estaba reflejada en el proyecto.

Para el concejal de Izquierda Unida, Manuel Burón tras exponer los datos técnicos de la modificación, en su segundo turno dentro del debate político dudaba de que finalizaran las obras en tiempo antes del 31 de marzo, momento en el que termina el plazo de la prórroga concedida por el Gobierno de España que financiaba este proyecto en 2,4 millones de euros bajo una subvención.

La concejala Sandra Veleda del Partido Socialista pregunta cómo no se habían dado cuenta de la falta de impermeabilización hasta el 5 de febrero considerando que aunque no altera la naturaleza del contrato esta modificación puede afectar a los plazos de ejecución.

Alberto Posado concejal del Partido Popular y que asumía el área de gestión Urbanística mostraba el cronograma del anterior gobierno municipal acusándoles de incumplirlo indicando que los tiempos gestionados bajo el gobierno actual son realistas y ajustados a la situación encontrada cuando llegaron al Ayuntamiento.

Para Posado esta modificación no se traduce en ningún retraso de la obra, sino que se centra en una modificación técnica asegurando que los plazos comienzan a contar cuando hay proyecta, contrato y obra, aunque la prórroga anunciada por el Ministerio fijaba la fecha del 31 de marzo como límite para justificar la subvención.

Eugenio Blanco, concejal de Obras y Contrataciones por el grupo municipal VOX, consideraba que esta modificación puede surgir en los proyectos asumiendo la responsabilidad de que la obra quede bien, por eso se ha llevado a cabo y que el Ayuntamiento ha actuado con diligencia solucionando las incidencias en las obras. Apuntando que no se han perdido subvenciones “nosotros no hemos perdido ni una subvención. No han ejecutado en tiempo los contratistas las obras, que es diferente”