Castilla y León apela a la unidad para pedir al Gobierno de España la supresión de los peajes de la AP-66 y AP-9

La Junta de Castilla y León ha instado de nuevo al Gobierno de España a que ponga fin a los peajes en las autopistas AP-66 (Autopista del Huerna) y la AP-9 (Autopista del Atlántico).

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha expuesto en una jornada celebrada en Santiago, junto a los consejeros de Asturias y de la Xunta y los colectivos empresariales de las tres comunidades, la necesidad de adoptar decisiones inmediatas que permitan poner fin a las concesiones de la AP-66 y la AP-9, ambas cuestionadas por la Comisión Europea al considerar que sus prórrogas son contrarias al Derecho comunitario. Una tesis que también han defendido los representantes de ambos gobiernos autonómicos.

A juicio de Sanz Merino “se trata de una prioridad para garantizar la cohesión territorial y la competitividad del Noroeste peninsular”. En el caso de la AP-66, su tráfico medio supera los 6.100 vehículos ligeros diarios, lo que evidencia el impacto directo sobre trabajadores, estudiantes y transportistas.

La Administración autonómica defiende que la supresión de peajes aplicada en otras autopistas del Estado demuestra que existen precedentes y mecanismos para proceder a su eliminación como la AP-7 en Alicante. Por ello, se insta al Gobierno de España a aplicar soluciones homogéneas en todo el territorio nacional y evitar diferencias entre corredores que realizan funciones estratégicas similares. Recientemente las tres Comunidades Autónomas solicitaron por carta conocer los detalles de la prórroga de estas autopistas y la supresión de estas vías.

Castilla y León, ha recordado Sanz Merino, “es el principal territorio de paso entre Galicia, Asturias y el centro del país, lo que convierte sus infraestructuras en elementos esenciales para la movilidad del Noroeste”. En este contexto, la continuidad de peajes en varias autopistas —AP-66, AP-6, AP-51, AP-61 o AP-71— implica un coste acumulado para la ciudadanía que no se registra en otras regiones.

Ante la ausencia de una respuesta definitiva del Estado, el proyecto de presupuestos de la Junta para 2026 incluía una partida de casi 10 millones de euros destinada a financiar bonificaciones para usuarios frecuentes y empadronados en Castilla y León. Estas ayudas estarían orientadas especialmente a los desplazamientos habituales entre Segovia, Ávila y Madrid, así como en el corredor León–Astorga.

Las bonificaciones se diseñan con el objetivo de reducir los costes derivados de los desplazamientos laborales y académicos y contribuir al mantenimiento de población en las provincias afectadas. La Junta mantiene igualmente la disposición a estudiar su intervención en la AP-66, donde las reducciones aplicadas actualmente por el Estado resultan limitadas o condicionadas.

Avances reales en el Corredor Atlántico

El consejero de Movilidad y Transformación Digital también ha destacado la necesidad de que el Gobierno de España exponga el Plan director del Corredor Atlántico en Castilla y León y el desarrollo de estas infraestructuras que permitirían “mejorar la competitividad del transporte de mercancías, facilitar la movilidad interior del corredor y equilibrar el tratamiento respecto a otras zonas del país”.

Reivindicaciones que pasan por el impulso del lazo del Manzanal en la línea entre León y Monforte de Lemos para la conexión con Galicia; la electrificación de la línea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro para la conexión con Portugal, o la recuperación de la Ruta de la Plata para incorporarla en 2040, dentro de la Red Transeuropea de Transporte, a la Red Básica Ampliada del Corredor Atlántico. También, los avances en las autopistas ferroviarias en el ramal del noroeste.

El impacto del Corredor Atlántico en el PIB regional se estima en 3.600 millones de euros, además de la reducción de 8 millones de toneladas de CO₂ hasta 2040, y una captación de 5 millones de toneladas adicionales de tráfico de mercancías.

Un proyecto conjunto de las tres comunidades que consiguieron hace ocho años introducir el Noroeste del país en la red transeuropea de los reglamentos europeos. Además, recientemente Castilla y León junto a la Xunta de Galicia, la Región Norte de Portugal y un clúster de la función logística de Galicia han conseguido 1.2 millones de euros para un POPTEC, un programa de cooperación transfronteriza Interreg España-Portugal, que pretende maximizar la competitividad y el desarrollo del Corredor Atlántico.