MiCA: España acelera la implementación de la regulación

 

 

El anuncio se interpretó como una señal clara de que Madrid quiere que el sector opere bajo un paraguas normativo estructurado cuanto antes. Para los más de 49 millones de residentes y las 128 plataformas de criptoactivos inscritas en el Banco de España hasta noviembre de 2024, la cuenta atrás ya ha empezado.

 

Y no solo afecta a los inversores minoristas, también a quienes utilizan BTC o USDT para hacer una compra en línea. Tal y como adelanta la CNMV en su portal MiCA, el periodo transitorio español se recorta a doce meses, desde diciembre de 2024 hasta diciembre de 2025 las empresas deberán pasar al nuevo régimen o quedar fuera del mercado.

 

 

España adelanta MiCA: cronograma, autoridades y exigencias clave

 

La decisión de anticipar MiCA persigue dos objetivos, blindar la protección del usuario y ganar competitividad frente a jurisdicciones con normativas más laxas. La reforma introduce una novedad inmediata, los proveedores de servicios sobre criptoactivos (CASP) necesitarán una licencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

 

Hasta ahora bastaba el registro anti-blanqueo del Banco de España. De hecho, 128 firmas, entre ellas Bit2Me, Binance o Revolut, figuran en dicha lista desde 2022. Con MiCA, ese registro pasa a ser meramente informativo y ya cerró a nuevas altas el 30 de diciembre de 2024.

 

A partir de esa fecha, los operadores dispondrán de doce meses para obtener la autorización plena de la CNMV, de lo contrario deberán cesar su actividad en territorio español. La supervisión prudencial, la verificación de solvencia y la custodia segregada de fondos dejan de ser buenas prácticas y se convierten en obligaciones legales.

 

El cambio impacta de forma directa en los casinos que aceptan criptomonedas, ya que estas plataformas, cada vez más populares entre los jugadores españoles gracias a la rapidez de los depósitos y a la baja comisión de las redes blockchain, tendrán que demostrar que aplican políticas estrictas de AML/KYC.

 

Y que mantienen los fondos de los clientes en carteras separadas de su tesorería operativa. La CNMV ha señalado que exigirá controles de gobernanza equiparables a las entidades de servicios de inversión tradicionales, lo que incluye sistemas de gestión de riesgos y auditorías externas periódicas.

 

El Banco de España no desaparece del mapa. Su misión será doble, custodiar el registro histórico de los proveedores ya inscritos y ejercer la supervisión de los E-Money Tokens (EMT) y los Asset-Referenced Tokens (ART) que MiCA reserva para los bancos centrales y los emisores respaldados por activos.

 

Para los EMT vinculados al euro, como el proyecto EURM desarrollado sobre Ethereum 2.0, la verificación de solvencia mínima se eleva al 2% de los activos en circulación, más estricta que la ratio del 1% que exige la normativa bancaria para e-money tradicional.

 

Entre bambalinas, la European Securities and Markets Authority (ESMA) coordina la elaboración de más de 40 normas técnicas que detallarán el formato de los “libros blancos” de criptoactivos, la contabilidad de reservas para stablecoins y los requisitos de transparencia publicitaria.

 

España participa activamente en esos grupos de trabajo, incluso ha votado por fijar un umbral de 1.000€ para las transferencias cripto anónimas, alineado con el Reglamento 2023/1113 sobre trazabilidad, lo que explica su confianza a la hora de pisar el acelerador. El sector privado, por su parte, ve la ventana como una oportunidad para diferenciarse.

 

Si Coinbase o Bitpanda quieren conservar cuota de mercado en la península, tendrán que trasladar parte de sus equipos legales y de cumplimiento a Madrid o Barcelona antes de que acabe 2025.

 

De cumplirse los plazos, España podría convertirse en el primer gran país de la UE donde los operadores disponen de un “sello MiCA” plenamente operativo, un argumento de peso para atraer capital riesgo y talento especializado en blockchain.

 

Sin embargo, las pymes cripto alertan de que los costes de adecuación, entre 250.000€ y 400.000€ en consultoría, sistemas y auditoría, según las estimaciones de la Asociación Española de Fintech e Insurtech, podrían provocar un proceso de concentración y la salida del mercado de actores de nicho.

 

Al mismo tiempo, la CNMV prepara una circular para armonizar la publicidad sobre tokens y rendimientos, sustituyendo la norma 1/2022 por un esquema europeo único en vigor desde 28 de diciembre de 2024. Con este marco temporal y regulatorio, la primera mitad del camino hacia MiCA queda dibujada.