Francisco Javier D’Agostino, eliminado de la lista de sancionados por Estados Unidos

El empresario venezolano Francisco Javier D’Agostino Casado ha sido retirado oficialmente de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tras una investigación que descartó cualquier vínculo entre sus actividades comerciales y el régimen de Nicolás Maduro. Según un reporte difundido por la agencia EFE, esta decisión también abarca a varias de sus empresas, como D’Agostino and Company, Elemento Oil & Gas y Element Capital Advisor Limited, que habían sido incluidas en la lista en 2021.

D’Agostino, quien ha residido en Mallorca (España) desde 2019, fue inicialmente sancionado bajo la sospecha de estar involucrado en una red internacional que facilitaba la comercialización de petróleo venezolano. Sin embargo, la revisión del caso demostró que las acusaciones no tenían fundamento. Como resultado, sus bienes han sido desbloqueados y ahora tiene plena libertad para operar dentro del sistema financiero estadounidense.

La lista SDN (Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas), gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), es una herramienta clave en la política exterior de Estados Unidos. Su objetivo es congelar activos y restringir las operaciones de individuos o empresas que puedan representar una amenaza. En este caso, la inclusión de D’Agostino se enmarcó en un periodo de tensiones políticas entre las administraciones de Venezuela y Estados Unidos, pero su reciente exclusión deja claro que no existía ninguna relación entre sus negocios y el gobierno de Caracas.

Francisco Javier D’Agostino Casado es cuñado de Luis Alfonso de Borbón, primo del Rey Felipe VI y figura destacada de la aristocracia española. Aunque su inclusión en la lista de sancionados representó un desafío para sus actividades empresariales, la investigación concluyó que el empresario no estaba relacionado con ninguna actividad ilícita ni con el régimen venezolano. Esta resolución subraya la importancia de llevar a cabo análisis rigurosos antes de imponer sanciones que puedan tener repercusiones graves en la vida de las personas involucradas.