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Política Municipal

IU Benavente pide a PP y VOX en las Cortes de Castilla y León la retirada de la proposición de la Ley de Concordia

Rebeca Castaño Martes, 14 de Mayo de 2024 Tiempo de lectura:

Solicitan que se mantenga el decreto de la memoria histórica y democrática de Castilla y León

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A través de un comunicado IU Benavente relata que el pasado 26 de marzo os grupos parlamentarios Popular y Vox de Castilla y León presentaron en la Mesa de las Cortes de Castilla y León, la proposición de Ley de Concordia de Castilla y León que deroga, en gran parte, el Decreto 9/2028 de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León.

 

“Esta proposición pretende introducir un término, concordia, que no aparece en ninguna de nuestras normativas de referencia, ni en la Constitución española ni en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y que desvirtúa las políticas de memoria democrática actualmente vigentes porque se basa en una visión mistificadora de la historia de España en el periodo de 1931 a 1978” señalan.

 

 

Para Izquierda Unida “el propósito de dicha iniciativa es frenar las políticas de memoria democrática que tan tímidamente se habían empezado a implementar en nuestra comunidad autónoma, ya que fuimos de las últimas en aprobar una normativa propia sobre esta materia en 2018”.

 

 

Desde IU critican que “la falta de rigor histórico en la que se apoya esta propuesta, al incluir en el periodo los años de la II República, un régimen democrático, con alternancia política y amplias libertades junto con el periodo de la guerra civil y la dictadura franquista, así como la equiparación de todas las víctimas de dicho periodo, cuando unas tuvieron apoyo y reparación pública (los Caídos por Dios y por España) y otras fueron ocultadas y aún hoy siguen en el olvido en muchos casos, hacen que debamos considerar esta iniciativa como un acto de ocultación y tergiversación inadmisible de nuestro pasado reciente en una democracia avanzada como la nuestra”.

 

 

Por otra parte, para Izquierda Unida que se proponga que no se pueda hacer pública la identidad de las personas involucradas “basada en una supuesta protección de datos personales, tanto de víctimas y familiares como victimarios, impide, de facto, el reconocimiento y la reparación a las víctimas. Ni siquiera se podría desarrollar la investigación académica de este periodo contando con el rigor y los datos pertinentes. Además, no podemos obviar que el movimiento memorialista y asociativo ha tenido un importante papel en el proceso de recuperación y reparación de las víctimas. En esta nueva normativa ni siquiera tendría una función consultiva, junto con otros organismos y actores públicos y de la sociedad civil”.

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