El Procurador del Común inicia las investigaciones sobre la titularidad de la Carretera del Caracol

El procurador del Común ha admitido a trámite la queja presentada por Izquierda Unida e inicia la investigaciones pertinentes ante los órganos administrativos competentes para dilucidar la titularidad de la Carretera del Caracol.

Izquierda Unida motivaba esta queja tras conocer que la Carretera del Caracol había sido incluida en un plan de pavimentación del Ayuntamiento de Benavente con cargo a una subvención de la Diputación Provincia por valor de 553.147,78 euros.

IU Benavente argumentaba al Procurador del Común que el 2 de septiembre de 2015, en la primera reunión mantenida por el exalcalde Luciano Huerga y la entonces presidenta de la Diputación Maíte Martín Pozo se abordó la ejecución de obras en la Carretera del Caracol. Y sobre todo, posteriormente, el 15 de mayo de 2017, “la Presidenta de la Diputación confirmaba que la vía era titularidad de la Diputación y se comprometió a que la Diputación acondicionase la carretera al 50% y posteriormente pasara a ser de titularidad municipal. Acuerdo y compromiso que no se llevó a efecto y consiguientemente, obras que no se llegaron a ejecutar” explican.

El 22 de septiembre de 2021, el exvicepresidente de la Diputación, Francisco José Requejo, “también se comprometió a realizar un estudio sobre la titularidad del camino del Caracol para dar una solución a su titularidad ya que durante muchos años no había estado claro que administración era la titular de la vía”.

IU solicitaba al Ayuntamiento en el mes de diciembre del pasado año un escrito solicitando copia digitalizada de los Informes Jurídico y Urbanístico -tanto del Ayuntamiento de Benavente, como de la Diputación Provincial- “en los que se demuestre documentalmente la titularidad de la carretera o camino del Caracol y concretamente identifique el tramo municipal. Igualmente, la inscripción en el Inventario de Bienes Municipal del Ayuntamiento de Benavente”.

Ante estos hecho, Izquierda Unida de Benavente solicitaba al Procurador del Común la investigación para que se demuestre pública y documentalmente cuál de las citadas instituciones -Ayuntamiento o Diputación- tiene la titularidad de la citada carretera. “Pues no sería de recibo que el equipo de gobierno PP-Vox hubiera aprobado el coste de obras en una vía que no fuera titularidad del Ayuntamiento” consideran.