La movilidad

Si entendemos por movilidad “el conjunto de desplazamientos de personas y mercancías que se producen en un entorno físico” y sólo en algunos contextos al tráfico o el transporte, tendremos la clave para abordar las dificultades que, en este sentido, tiene el rural.

No es cosa menor, que diría el inefable don Mariano. La geografía humana nos alerta de que, muy pronto, el ochenta por ciento de la población de este país vivirá en las grandes ciudades; y es pura estadística que el veinte por ciento de sus más de ocho mil cien municipios superan los dos mil habitantes. Si bajamos a Castilla y León, encontramos que el noventa por ciento de las entidades locales tiene menos de mil habitantes repartidos en varios núcleos de población. Un desequilibrio poblacional al que habría de añadir los altos porcentajes de personas mayores, los jóvenes que no disponen de coche o carné de conducir, las personas sin recursos… para así centrar mejor la magnitud que alcanza la movilidad como problema en los pueblos de España y, particularmente, en Castilla y León.

Se dice que movilidad y despoblación son como el pez que se muerde la cola, y es una imagen totalmente acertada. Un servicio deficiente aboca al uso exclusivo del transporte particular, dificulta el acceso a los estudios medios y superiores, complica el consumo, las citas médicas, los servicios bancarios, el disfrute del ocio, condena a la soledad a las personas mayores, a los niños… en definitiva, coloca a los pueblos en una lucha permanente para no caer en el pozo de la desconexión, el aislamiento y la agonía de una progresiva desaparición.

Mientras que los núcleos urbanos diseñan las infraestructuras necesarias para implantar los modelos de movilidad y conectividad que ya tocan a las puertas del progreso: estaciones de recarga para coches eléctricos-, vehículos conectados, interconexiones de alta velocidad, transporte público gratuito, lanzaderas subterráneas con o sin gravedad... En el rural se pelea para que no desaparezca una línea regular que ya existía, porque el transporte a demanda no tenga días prefijados, porque las instituciones autoricen o subvencionen líneas circulares que conecten los pueblos... Todos dan por seguro que el modelo actual no resolverá el problema, sino todo lo contrario, se asume como un castigo inexorable el ver desde el andén partir a sus convecinos, como antaño pasó con la desaparición del tren.

Hay quien no entiende que la crítica y la reivindicación son todo lo contrario a la resignación. El hecho de reconocer un problema, por difícil que sea su resolución, es la antesala para sentarse y abordarlo. Es lo que demandan periodistas, profesores de universidad, conclusiones de simposios, gentes sabias del rural... que todos los agentes implicados pongan las luces largas y no se dejen arrastrar por la rentabilidad económica o el cortoplacismo electoral.

Resulta indiscutible que todo lo relacionado con el rural tiene gran relevancia en el devenir de los países y de la propia Unión Europea. De hecho, Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca… hace años que implementan soluciones adaptadas a la edad, el lugar o las necesidades específicas de sus zonas rurales: bicicleta, patinete eléctrico, minibuses a demanda sin restricciones, aplicaciones de móviles, prestamos de vehículos, fomento del coche compartido y seguro, proyectos de “Comunidad rural en 30 minutos” que conecta a la ciudadanía pueblo a pueblo y puerta a puerta, apuesta por el tren, taxis adaptados… No lo han resuelto completamente, pero hace años que buscan afanosamente hacer menos gravosa la vida de su gente en el rural.

España es el cuarto país europeo en riesgo de despoblación sólo por detrás de Estonia, Finlandia y Letonia (que ya es decir) va muy por detrás en la adopción de medidas que afronten el problema. En nuestro ordenamiento, la movilidad es una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en este ámbito; aun así, desde el gobierno del estado se ha puesto en marcha la llamada Mesa por la Movilidad Rural que articula distintos grupos de trabajo. Entre sus objetivos está identificar las carencias y necesidades, compartir experiencias nacionales y europeas, fomentar una nueva gobernanza que incida en la “brecha tecnológica” que afecta a la población rural… Cierto que hay provincias que parecen avanzar más rápidamente como es el caso de Pontevedra y su programa Ágora, de Soria… también en el País Vasco y Cataluña podemos encontrar algunas soluciones pioneras. En todo caso, demasiado poco para atajar los desafíos que plantea un mapa conceptual que nos coloca ante una población escasa y dispersa, envejecida, con bajo poder adquisitivo, una fragmentación político-administrativa insostenible, infraestructuras y publicidades totalmente volcadas hacia al uso del automóvil particular…

Para finalizar esta reflexión anotar que, a juicio de aquellos estudiosos, Castilla y León permanece absolutamente yerma de iniciativas novedosas que vayan más allá del uso comunitario del transporte escolar o una restrictiva movilidad a demanda. Urge pues un compromiso institucional que apueste de manera decidida por la vuelta del tren, por remover competencias de movilidad en favor de los ayuntamientos o mancomunidades, priorizar la iniciativa pública subvencionando sus costes, proyectos que conecten los pueblos con su cabecera de comarca, establecer rutas dinámicas, microbuses circulares, banco de automóviles públicos incorporando al voluntariado… Invertir en la movilidad de los pueblos asegura que la gente pueda quedarse y que, quienes se plantean volver o instalarse en el rural, puedan desarrollar una vida económica y socialmente sostenible. ///