PSOE e IU defienden la urbanización en la Calle Zafra “se veló por el interés general”

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Benavente ha pedido al Concejal de Comunicación, Hacienda y Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador que se retracte tras conocer el contenido de la nota de prensa emitida el pasado martes donde se informa del pago a los propietarios por las expropiaciones de Calle Zafra, “lo que resulta inasumible es que no tenga ningún reparo en usar el canal de comunicación del Ayuntamiento de Benavente para tratar de reescribir lo ocurrido realmente y mancillar la gestión realizada por el equipo del alcalde Luciano Huerga, mintiendo nada más y nada menos que sobre el fallo de una sentencia judicial pública y conocida”.

Desde el PSOE apuntan que en el año 2015 “el Ayuntamiento asfaltó ilegalmente la calle Zafra en lugar de sentarse a negociar la urbanización de un vial fundamental para la zona de las Catalanas, lo que desde un principio sí intentó hacer el equipo de Gobierno del PSOE e IU en aras del interés general”, una negociación que indican los socialistas resultaron “infructuosas y mientras el PP defendía sin ningún rubor a los propietarios en lugar del interés de todos los vecinos, llegando a proponer incluso que se aceptara un barranco como compensación municipal a cambio de desarrollar la unidad de actuación El Tejar, el Gobierno de PSOE e IU acudió a todos los medios legales a su alcance para desarrollar y urbanizar el vial de las calles Zafra y Catalanas”.

Los recursos planteado por la propiedad generaron varias sentencias, “prácticamente todas fueron favorables al Ayuntamiento de Benavente. La Comisión Territorial de Valoración de Zamora sin embargo rechazó la tasación municipal de los 685,57 metros cuadrados expropiados elevando el importe hasta los 40.937,79 euros” aportan desde el grupo municipal socialista.

El Ayuntamiento de Benavente la recurrió alegando que el suelo valía menos al tener la condición de urbano no consolidado, pero el recurso se presentó fuera de plazo y en una vía equivocada, razón por la que la impugnación municipal resultó extemporánea e ineficaz lo que llevó al TSJ a desestimar el recurso municipal. “No señor Salvador, el TSJ no dio la razón a los propietarios. Estos también recurrieron la tasación fijada por la Comisión de Valoración (vea la sentencia número 718 de 14 de junio de 2022) y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó su recurso” añaden los socialistas.

“Curiosamente la propiedad recurrió la tasación de la Comisión de Valoración no porque estuviera desacuerdo con el importe fijado por el organismo, ni siquiera con el importe municipal, sino porque pretendía que el Ayuntamiento expropiara la parcela entera o se le indemnizara por el valor completo de la misma. El TSJ le dijo que no con claridad” apuntan en el comunicado.

“¿Dónde está la razón que dice usted que le dio a la propiedad? Pida y muestre la sentencia del TSJ y comprobará lo que ya sabe: que usted ha mentido a los benaventanos una vez más” se preguntan los socialistas.

Los concejales socialistas indican que el Gobierno del PSOE e IU consignó el dinero de la tasación en tiempo y forma hace más un año. “Aprovechar ahora que se abona ese dinero para retorcer la historia como usted hubiera querido que fuese le retrata nuevamente” finalizan el comunicado.

Por otro lado desde Izquierda Unida se dirige al Partido Popular reprochando “no puede dar lecciones a nadie de transparencia y la interpretación de esta sentencia es un ejemplo más del emponzoñamiento y tergiversación al que siempre nos tienen acostumbrados, pues obvian que la sentencia no viene más que a reconocer una cantidad superior de la tasada inicialmente en el expediente de expropiación, nada más, puesto que también los demandantes reclamaban una indemnización al perder valor el resto de la parcela una vez se le segregó la parte expropiada, pero al no poder demostrar el perjuicio originado, esta petición fue desestimada. En ningún momento la sentencia pone en tela de juicio la legitimidad de la expropiación forzosa, que no obedece más que a la solución de un problema que afecta al interés general, ese mismo interés por el que han de velar las administraciones públicas”.

Para IU, “la defensa de los intereses particulares por parte de los responsables públicos cuando chocan con el interés general, nos da una clara idea de “para quien vendimian”, además de demostrar una deslealtad institucional sonrojante, deslealtad que tristemente han demostrado también durante ocho años en la oposición”.