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Se trata, concretamente, de diez servicios de asistencia especializada en centros de tratamiento ambulatorio de primer nivel −uno por provincia excepto en Valladolid, donde se convocan dos−; 206 plazas para la asistencia especializada en centros de tratamiento residenciales, de las que 84 están reservadas para pacientes alcohólicos; y, por último, nueve servicios, uno por provincia, para la prevención de adicciones o de prevención para cuando se detecten problemas de consumo.
Los servicios se licitarán para su ejecución en un periodo de tres años, que comenzará el 1 de enero de 2024 y finalizará el 31 de diciembre de 2027. El presupuesto total asciende a 24 millones de euros, de los cuales 9.113.935 corresponden a los servicios de atención en centros ambulatorios, 12.061.957 a los de tratamiento en centros residenciales −4.730.880 de ellos para las personas con adicción al alcohol− y, por último, 2.636.968 para prevención. Cada servicio que integra estas áreas equivale a un lote a efectos de licitación.
Las entidades que potencialmente podrán aspirar a la gestión de los conciertos deberán estar inscritas en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social de Castilla y León; tener acreditado un servicio similar al que opten y, al menos, tres años de experiencia en el ámbito; contar con las infraestructuras y recursos suficientes; y desarrollar su actividad en la zona para la que presenten la solicitud.
A través de la fórmula del concierto social se pretende consolidar y dar estabilidad y continuidad a los servicios ofertados, los cuales forman parte del Catálogo de Servicios Sociales de la Junta.
En cuanto a la asistencia ambulatoria de adicciones, está previsto que se atienda a más de 6.000 personas al año y que se preste tratamiento a unas 3.700. Se llevará a cabo de manera integral, individualizada, centrada en la persona y adaptada a las necesidades particulares de cada caso, así como con perspectiva de género y a través de un equipo pluridisciplinar. Se aplicarán las correspondientes fases de diagnóstico, desintoxicación y deshabituación ambulatoria, así como la sustitución por opiáceos u otros tratamientos farmacológicos.
Respecto de los servicios de tratamiento residencial, se atenderá, con carácter anual, a unas 600 personas. Aunque guarde características similares con el anterior, está dirigido a pacientes que no puedan recibir asistencia en su lugar de residencia o porque haya fracasado de manera reiterada la atención ambulatoria.
En lo que se refiere a la prevención, están destinadas, por un lado, a jóvenes de entre 12 y 21 años, y abarcan adicciones con o sin sustancia, es decir, pantallas, internet y redes sociales; y, por otro, a las familias que no hayan podido participar en los programas grupales de prevención.
La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León espera poder contar con, al menos, 215 profesionales para prestar los servicios concertados, entre los cuales habrá psicólogos, trabajadores y educadores sociales, médicos o enfermeros con acreditada experiencia y formación.
Las solicitudes podrán presentarse a partir de mañana a través de la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León , en la que se pondrá a disposición el formulario correspondiente.
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