Estos ayuntamientos están
organizados de manera voluntaria dentro de las dos unidades de
gestión creadas en la provincia: la de Sanabria y La Carballeda y la
de Aliste, Tábara y Alba, de manera que son ellos los que conceden
las licencias y que son más bajas en cuanto a precios para los
recolectores locales.
Este año las licencias
han superado en estos ayuntamientos el número de 500, frente a las
497 de toda la temporada anterior, y se espera que se dupliquen en
los próximos meses ya que está siendo una buena temporada de setas.
Hay que tener el cuenta
que el 90% de las setas de la marca de garantía de Castillla y León
proceden de la provincia de Zamora, lo que da idea de la
importancia de este recurso, setas que recogen y comercializan las 13
empresas asentadas en el medio rural de la provincia y que
representan más de 200 puestos de trabajo.
El presidente de la
Diputación animó en este sentido a los ayuntamientos a incorporarse
a este proyecto que desde hace tres años colabora en impedir la
recogida ilegal y que no supone ningún impedimento para la
recolección de las setas sino que al contrario les beneficia, ya que
se protege el medio ambiente y se garantiza que la temporada próxima
siga habiendo setas.
La Diputación ha
contratado dentro de este proyecto a cuatro guardadores que se ocupan
del control para impedir la recogida ilegal y a otros dos inspectores
de control de la calidad del producto en las industrias.
En este sentido, Martínez
Maíllo anunció que solicitará a la Junta de Castilla y León la
regulación autonómica de este aprovechamiento, la señalización,
los permisos y el régimen sancionador de la recogida ilegal, como
instrumento imprescindible para mejorar este sector y dar
garantías a los recolectores locales.
Se trata en definitiva de
evitar las recogidas ilegales, muchas veces furtivas que no son
respetuosos con el medio ambiente y destruyen en ocasiones el fruto
de los montes para los años venideros.
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