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Municipal

El Ayuntamiento de Benavente restituye el honor y la integridad de Román Ávila por el edificio Villalar cumpliendo con el acuerdo de mediación intrajudicial

Rebeca Castaño Martes, 14 de Marzo de 2023 Tiempo de lectura:

Contenido íntegro del comunicado de prensa emitido por el Ayuntamiento de Benavente

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El Ayuntamiento de Benavente con el fin de dar total y satisfactorio cumplimiento al acuerdo de mediación intrajudicial firmado respecto del “Edificio Villalar” realiza la siguiente declaración pública:

 

 

1º.- En septiembre de 2021, se firmó un acuerdo de Mediación entre el Ayuntamiento de Benavente y D. Román Ávila García, que puso fin a más de quince años de contenciosos por la Licencia Urbanística del Edificio de C/ Villalar Nº 9.

 

 

Este acuerdo de Mediación ha sido homologado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Zamora, y posteriormente ratificado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

 

 

 

En cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos, desde el Ayuntamiento de Benavente para restituir el honor y la integridad de D. Román Ávila, “se reconoce que D. Román Ávila García ha realizado su actividad personal y profesional como Arquitecto en Benavente durante décadas, y su actuación en este proceso se atuvo siempre a criterios de legalidad y defensa del interés público sin haber incurrido en supuesto alguno determinante de responsabilidad civil, penal o de otra índole, debiendo hacerse extensiva esta consideración igualmente a su esposa, Dª Pilar Vázquez Campillo (DEP) y a su hijo D. Fernando Román Ávila Vázquez”.

 

 

 

2º.- Asimismo, desde el Ayuntamiento de Benavente queremos manifestar nuestro reconocimiento profesional y agradecimiento especial al despacho de abogados ROCA & JUNYENT, con mención especial a D. Pascual Sala y su equipo de Mediación, que han supuesto una inestimable colaboración en este asunto, haciendo gala de su extraordinaria calidad profesional y humana en el asesoramiento a las partes implicadas, para conseguir la finalización de un procedimiento judicial que en el caso de no haberse alcanzado una solución satisfactoria para la institución municipal podría haber supuesto la asunción de unas cargas económicas para la Hacienda Municipal cercanas a los 1,9 millones de euros.

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