Igea advierte a la Junta sobre la tipificación penal de "menoscabar el derecho al aborto"

"No consta que tal modificación de los protocolos de seguimiento del embarazo haya sido aprobada por ninguna sociedad científica, ni consultado a los responsables de los servicios de obstetricia de nuestra comunidad”, ha advertido el procurado de Ciudadanos. “No hay evidencia conocida de los efectos que sobre la madre o el feto pueda tener tal modificación, ni consta tampoco estudios que avalen la pretendida eficacia en la disminución de las interrupciones voluntarias del embarazo”.

En este nuevo protocolo se procederá, tal y como ha reseñado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León a “la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre.”

También se ha incluido la elaboración de ecografías 4D durante el primer trimestre, con el fin de enseñar a la madre los rasgos del feto en ese momento de desarrollo.

“¿Se ha considerado la compatibilidad con el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a las leyes vigentes?, ha cuestionado Igea y también. “¿Se ha consultado esta variación del protocolo con los servicios de obstetricia de nuestra comunidad?”.

En la legislación actual no existen listas públicas de objetores, ni se ha planteado tal posibilidad en ningún caso. Es obligatoria, la declaración de la objeción ante las autoridades sanitarias según lo previsto, sin que se produzca menoscabo alguno de dicho derecho a la objeción de conciencia.

Por otra parte, cabe reseñar que recientemente se ha producido una modificación del Código Penal que se añade un nuevo artículo 172 quater en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

En este sentido el procurador de Ciudadanos pregunta:, “¿Ha previsto la posibilidad de que los facultativos, o personal sanitario, así como el propio consejero que “ofrezca” estos servicios pueda resultar denunciado de acuerdo a la nueva redacción del código penal arriba señalada?”.

Además, el procurador de Ciudadanos ha preguntado por la intención o no de eliminar la obligatoriedad de comunicar por escrito la voluntad de declararse objetor de conciencia para la interrupción del embarazo, si se ha negado asistencia psicológica a las gestantes que lo han solicitado y si se ha incumplido la obligatoriedad de comunicar a las gestantes las ayudas sociales a que tienen derecho según lo dispuesto en la ley de salud sexual y reproductiva.