PP y Cs consideran que la base de la solución del Edificio Villalar pasa por la licencia firmada en 2013 y la actuación de los propietarios

Los grupos municipales de PP y Cs han celebrado una rueda de prensa esta mañana tras conocer la sentencia del TSJ de Castilla y León donde da validez al decreto de licencia del Edificio Villlalar y como consecuencia desestima el recurso presentado por los vecinos contra el acuerdo de mediación entre el Ayuntamiento de Benavente y el arquitecto Román Ávila.

Una comparecencia de prensa distribuida en cuatro bloques donde se dieron los puntos de vista por parte del concejal del PP José Manuel Salvador, la portavoz del Partido Popular Beatriz Asensio, el portavoz del Grupo Ciudadanos, Jesús María Saldaña y para finalizar la concejala de Cs, Sara Casquero que también comparecía en calidad de propietaria de una vivienda y Presidenta de la Comunidad del Edificio Villalar, un cargo asumido de manera rotatoria.

El concejal Popular José Manuel Salvador quiso recordar que el caso del edificio Villalar se generó en el año 2005 por un gobierno del Partido Socialista cuando gobernaba en Benavente y que incumplía la normativa urbanística, algo que reprochaba el edil popular respecto a la rueda de prensa realizada por el actual Alcalde al no haberlo mencionado “tampoco dijo que cuando se resuelva este problema pues puede haber costado a los benaventanos en torno al millón de euros”

Salvador exponía que el Alcalde tampoco hizo alusión a que “la solución ha llegado gracias a una actuación que realizó un gobierno del Partido Popular en el año 2013, viene en la sentencia, además viene recogido en negrita perfectamente explicado este tema. ¿Y quién lo resolvió? Pues lo resolvió Saturnino Mañanes con un decreto del Día 9 de enero de 2012 y el 16 de enero de 2013 hizo otro decreto en el que otorgó la licencia urbanística que menciona la última sentencia de la que hablábamos antes, y está actuación sirvió de base fundamental sobre la que se ha sustentado la resolución de este problema”.

El concejal ponía en relevancia que desde el Partido Popular “no vamos a entrar a dar explicaciones” añadiendo que su partido “ni estaba en el proceso, ni ha recurrido, ni la sentencia tiene nada que ver con nosotros salvo esa actuación” añadiendo que el propósito que han seguido durante estos meses ha sido la de pedir información.

Respecto al acuerdo de mediación entre las dos partes, Ayuntamiento y Arquitecto, a lo que los concejales del Partido Popular exponen “que ya era hora de que lo hicieran y que lo deberían haber hecho antes” añadiendo que los vecinos son los más perjudicados en este proceso.

La Portavoz del Grupo Municipal del PP, Beatriz Asensio señalaba que en la rueda de prensa del mes de noviembre, una vez producido el auto judicial y la reclamación de los vecinos, indicaba que la postura del PP era “pedir a quienes están gobernando que informen y que den explicaciones de lo que están haciendo”. En la convocatoria de prensa realizada en el año 2021 mantenían que a pesar del acuerdo de mediación la infracción sobre el Villalar seguía existiendo en los informes técnicos.

Asensio explicaba que durante esa comparecencia público “en ningún momento mencioné al denunciante, porque teníamos claro que nuestra función es pedir cuentas a quien toma las decisiones como Alcalde de Benavente, que por lo que hemos visto, había cosas que no quería que se supiesen y él sabrá por qué, ya que se ha visto perfectamente que no había ningún problema en informar, como lo hizo en su día con los grupos de la oposición la Concejal del PP, Hemérita Martínez., sin que nadie se lo pidiese. Y ahí sí que hay un ejemplo de cómo se hacen las cosas”.

La portavoz popular expuso que el problema del Edificio Villalar fue generado por el PSOE “concediendo una licencia urbanística que no cumplía la normativa” continuando “si la parte que ha ejercido la defensa de la legalidad urbanística, quien ha mantenido durante años la denuncia del incumplimiento de la legalidad, ha sido refrendado en todo momento en la vía judicial. Si el mismo no hubiese renunciado a seguir pleiteando, siendo como era el único legitimado para ejercer la acción pública y, por tanto, para exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística, no sabemos lo que hubiesen decidido finalmente sus Señorías, pero cabía la posibilidad de que fallasen que restauración de la legalidad se llevase a cabo mediante el derribo del edificio, dejarlo fuera de ordenación o lo que hubiesen estimado”.

Además advierte que “el problema aún no está cerrado” al indicar que queda pendiente el pago de la indemnización por daños patrimoniales a los vecinos y señalando que el coste total de este caso “lo vamos a pagar los benaventanos y puede acabar rondando el millón de euros entre la indemnización pactada con el denunciante, la indemnización pendiente a los vecinos, los gastos del proceso judicial que han durado 17 años, incluidas las costas y pago de peritos con los que se ha condenado al Ayuntamiento”.

El portavoz del Grupo de Ciudadanos, Jesús María Saldaña durante su comparecencia calificaba la postura del Arquitecto Román Ávila como “un altruista defensor de la ciudad, denuncia una infracción urbanística y demanda la demolición del edificio Villalar” haciendo alusión que “casi todos los benaventanos tienen su opinión respecto a los motivos reales del denunciante”.

Saldaña continuaba argumentando que tras 17 años “el gobierno municipal, el denunciante y un mediador deciden arreglar el asunto, acuerdan que el Ayuntamiento abone al denunciante 110.000 euros aproximadamente por daños y perjuicios morales y que, otra cosa que parece que no se dice, que reconozca pública y reiteradamente los méritos de su generosa y admirada lucha por la legalidad urbanística de la ciudad. Por su parte el paladín del Plan General se compromete a dejar de vigilar el cumplimiento de la legalidad de las construcciones que se realicen en Benavente y retira la denuncia” añadiendo que los compradores de las viviendas fueron “los auténticos sufridores de la amenaza del derribo o quedar fuera de ordenación” afirmando que tuvieron que solicitar licencia para algunas obras “tendentes a eliminar algunas disconformidades con el Plan General” añadiendo que los propietarios “cuando han decidido solicitar la demolición del edificio que pedía el paladín y había ordenado una sentencia parece ser que han ofendido a todo el mundo, incluso al que venía pidiendo la demolición que la define como disparatada”.

Saldaña continuaba su relato haciendo referencia a la actitud de Luciano Huerga “El Alcalde alborozado descarga toda la artillería contra la oposición y se encubre de elogios porque van a ahorrar más de 2 millones al Ayuntamiento”, reprochando que “los benaventanos no han recibido nada ni del Ayuntamiento, ni del denunciante. No estamos en deuda con el Alcalde”.

Sara Casquero era la última en intervenir y lo hacía en calidad de Concejala de Cs pero también como propietaria de una vivienda, adquirida en el año 2016, y Presidenta de la Comunidad de Vecinos del Edificio Villalar, asegurando que estas condiciones han sido objeto de crítica por parte del “tridente del mal”.

Casquero se quiso referir primeramente a las declaraciones de Román Ávila “este señor lleva luchando 16 años por conseguir la legalización de un edificio, incluso si fuese necesario dijo que estaba dispuestísimo a que se tirara el edificio y ahora se echa las manos a la cabeza diciendo que cómo es posible que la comunidad de propietarios haya cambiado de opinión y quiera esa barbaridad de tirar el edificio” Casquero indicaba que “todo el sufrimiento que dejó usted en aquella rueda de prensa en el Parador diciendo que el Ayuntamiento le había destrozado la vida tanto personalmente como profesionalmente ha quedado en agua de borrajas”.

La Concejala de Cs aludía a Román Ávila señalando que “¿se ha vendido por 110.000 euros? ¿ha vendido el sufrimiento suyo y el de su familia por 110.000 euros? Allá usted y su conciencia”.

Sara Casquero señalaba que esta situación “no se hubiera producido si después de que se restaurara la legalidad en el año 2013 y ahora parece ser que esa licencia es la que servía, usted este procedimiento no lo hubiera despertado”

También aludió a Sandra Veleda, concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Benavente “usted sabe todo lo que he pasado” añadiendo que mantuvo varias conversaciones por teléfono tanto a la concejala del área como a los técnicos pidiendo una solución, aseverando que la contestación de la edil fue “sabes perfectamente que el edificio queda disconforme con el Planeamiento Urbanística” añadiendo que la decisión “estaba avalado por la arquitecta”.

Sara Casquero respecto a las declaraciones vertidas por el Alcalde de Benavente, Luciano Huerga “no entiendo por qué está usted tan orgulloso” indicando que no entiende porque los vecinos han iniciado un procedimiento judicial “si desde el año 2013 estaba todo resuelto” añadiendo que durante estos años no se han podido realizar ventas inmobiliarias en ese edificio generando un “estigma social que además venía avalado por una nota marginal del Registro que le recuerdo fuimos nosotros los que le obligamos a poner, yo he sido, junto con otros dos vecinos una compradora tardía en el 2016, si yo hubiera visto en el 2012 que es cuando tenía que haber aparecido esta nota marginal en el registro que este piso estaba gravado con esta causa no lo hubiera comprado”.

Casquero reprochaba al Alcalde el “estar orgulloso de pagar a un señor con dinero público” aprovechando para indicar que los vecinos “han estado años sufriendo, han estado soportando unas obras que pagaron de su bolsillo y un año después el Ayuntamiento le pagó a ellos” refiriéndose a las obras acometidas en el año 2012-2013.

Sobre la reunión en la Casa de la Cultura la Encomienda, Sara Casquero relata que se recibió una convocatoria por escrito con lugar, fecha y las propuestas que quisieran aportar los vecinos, aludiendo a que la Comunidad de Propietarios se presentaron acompañados de su abogada y de un informe de peritaje “allí no nos escuchó nadie” añadiendo que la Secretaria Municipal por aquel entonces les anunció que habían encontrado una solución que pasaba por un acuerdo de mediación, proponiendo la abogada de los vecinos un acuerdo realizado “de manera íntima” estudiando las propuestas de los vecinos.

“El Señor Luciano dice que yo me metí con Inés, (una secretaria municipal habilitada nacional), yo no me metí con Inés yo lo único que le dije fue. antes de comprar el piso fui a hablar con el Ayuntamiento porque claro todo el mundo sabía que en el edificio Villalar algo había pasado, a pesar de que llevaba 6 años dormido, y me dijo Inés -esto está limpio de polvo y paja, no hay ningún problema en este edificio, está todo cerrado- pues va a ser que no” narraba la concejala y propietaria Sara Casquero.

Respecto a las acusaciones de Prevaricador que se pudieron vertir en esa reunión la concejala señala que “usted mismo se acusó de prevaricador diciendo que no podía pagar al Señor Ávila, todo el mundo sabía lo que quería el señor Ávila, porque me lo había dicho a mi en las diferentes conversaciones que hemos tenido” acusando al Alcalde de “querer tener un paraguas de la mediación para poder hacer lo que ha hecho pero bajo una legalidad”.

Sara Casquero explicaba que “precisamente yo hablé con todos los miembros de este circo, hablé con Inés, Mercedes, hablé con usted señor Alcalde, hablé con Sandra, hablé con Barca su abogado, hablé con Román, yo intenté solucionarlo todo y no para sacar un rendimiento político” defendiendo que ella, por su condición de concejala se ha mantenido apartada “precisamente para que no se me acusara de todo esto” defendiendo que ella “intenté poner a todas las partes de acuerdo, a mi y a los vecinos nadie nos hizo caso”.

Casquero argumenta que cuando el TSJ retrotajo las actuaciones “y dijo que teníamos que personarnos en el procedimiento se me llamó insistentemente para que nos pusieran un abogado ellos y para que nos pusieran un perito”.

La concejala de Cs no entiende la animadversión hacia ella “si ustedes han dicho que gracias a mi a que he sido la asesora interna de la comunidad de propietarios, gracias a mi se ha solucionado todo esto, gracias a que nosotros dijimos que no íbamos a someternos a esta mediación que nos imponen, nosotros no podemos sentarnos y firmar una acuerdo que dice que vamos a hacer unas obras que no se especifican aquí, cómo vamos a firmar nosotros unas obras que no se especifican que no sabemos quién va a pagar” reprochando que con los vecinos no se cerró una cifra en concepto de indemnización, asegurando que si se sometían a esa mediación el edificio hubiera quedado fuera de ordenación o disconforme con el planeamiento “que es lo que hubiera querido el señor Alcalde”.

“Esto ha sido una victoria gracias a los propietarios del Edificio Villlalar, gracias a nosotros porque su idea era que nos hubiéramos sometido a la mediación y jamás se hubiera solucionado este tema” añadía Sara Casquero quien exponía que los propietarios nunca quisieron el derrumbe del edificio.

La Concejala de Cs y propietaria quiso también contestar al Señor Burón “yo no soy Maduro como usted le gustaría que fuera este país. Yo vivo en un país democrático y en mi comunidad de propietarios también somos democráticos, todo lo decidimos por mayoría yo no he impuesto absolutamente nada a nadie, yo no soy el Flautista de Amelín que toco la flauta y van las ratitas detrás”.

A pesar de que el Alcalde en su comparecencia no dijo nombre concreto sobre quién pudo filtrar el acuerdo de mediación, sino que hizo referencia a una concejala acusándola de ser el “enemigo en casa” Sara Casquero expresaba “yo no soy el enemigo, el único enemigo que tenemos todos nuestros vecinos, todos los ciudadanos en casa es usted”.