Los propietarios del Edificio Villalar satisfechos con la sentencia del TSJ “se ha declarado la situación legal del inmueble”

La abogada de la Comunidad de Vecinos, Imaculada Benitez Gutiérrez acompañada por la Presidenta de la propia Comunidad Sara Casquero han comparecido ante los medios de comunicación para expresar su satisfacción ante la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que aunque desestima el recurso presentado por ellos ante el acuerdo de mediación entre el Ayuntamiento y el Arquitecto Román Ávila, consideran que se ha conseguido “que se declare la situación legal del edificio, porque hasta el momento no había una declaración oficial del Ayuntamiento de cómo se encontraba el edificio. No se sabía si estaba ilegal, regularizado o fuera de ordenación” indicaba la abogada quien añadía que actualmente el Ayuntamiento mantienen una nota marginal en el Registro de la Propiedad “donde consta que está fuera de ordenación”.

Román Ávilla interpone un recurso al auto del año 2010 indicando que hay una regularidad urbanística quedando anulada la licencia lo que ocasionó que el edificio volviera a “una situación ilegal y fuera de ordenación” relataba Benitez quien añadía que las pretensiones de Román Ávila es que se recuperara la legalidad del inmueble ejecutando obras, por ello en el año 2019 se abría un plazo de tiempo para que el Ayuntamiento iniciara esas ejecuciones, demostrando por parte del Consistorio que durante el año 2012 y 2013 se acometieron estos trabajos a través de un recurso.

La abogada de la Comunidad de Propietarios aseguraba que el único fin que perseguían sus clientes era que se determinase la situación del edificio y se reconociera de manera jurídica, para ello exponían varias soluciones entre las que se encontraban la demolición total o parcial y se cuantificaran el valor de las obras, en el caso de que fueran necesarias para restituir la legalidad.

Inmaculada Benítez explicaba que los propietarios no entraron dentro del acuerdo de Mediación porque el Ayuntamiento les presentó “un contrato en blanco, donde el Ayuntamiento asumía todas las obras que hiciera falta para legalizarlo pero si seguía siendo ilegal compensaría económicamente a los propietarios pero no decía ni cuándo, ni cómo ni dónde”.

Respecto a la indemnización acordada con Román Ávila y que asciende a 110.000 euros, la abogada no quiso entrar en valoraciones más allá de que “no comprendemos pero acatamos la decisión judicial”.

La Comunidad de Propietarios descartan un recurso de casación pero informan que iniciarán un procedimiento administrativo con el Ayuntamiento en la que solicitan una compensación por daños y perjuicios que asciende a 660.000 euros, es decir 60.000 euros por cada propietarios, que en total son 11 contando con dos locales.