Román Ávila afea la postura de Saldaña y el PP sobre el edificio Villalar “eluden la responsabilidad, eluden la Ley de Enjuiciamiento criminal, me persiguen y me hacen la vida imposible”

El arquitecto benaventano, Román Ávila y parte directa del proceso judicial del Edificio Villalar, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación tras la última rueda de prensa ofrecida por los portavoces del Partido Popular, Beatriz Asensio y Ciudadanos, Jesús María Saldaña en el que ponían en duda la legalidad del acuerdo de mediación entre el Ayuntamiento y Ávila, lo que evita el derribo del edificio para ajustarse al Plan General de Ordenación Urbana de Benavente.

Román Ávila ha querido responde a lo que califica como “insinuaciones, desconocimientos y falsedades que expresan “al alimón” Saldaña y la líder del PP, ambos como ediles, y el primero con el estímulo añadido de la defensa de su compañera de grupo, (refiriéndose a la concejala por Cs, Sara Casquero) propietaria y propulsora del recurso contra el acuerdo”.

Ávila se mostraba crítico con ambos grupos políticos en la oposición acusándoles de dar la impresión de “no conocer lo que ha ocurrido en la procelosa umbría de la corrupción urbanística en Benavente durante los últimos 25 años”. El arquitecto echaba en falta que ambos representantes políticos relataran lo que hicieron en los últimos 15 años mientras encubrían a los responsables, ni durante los últimos años del PP cuando el Ayuntamiento simuló cumplir la sentencia sin legalizar el edificio, el PP disimulaba en silencio y Saldaña, como las vacas mirando al tren”.

El arquitecto relataba que se mostraba “harto y cansado” tras estos años que se ha mantenido “en silencio por motivos sobradamente conocidos por los que me conocen, incluido Saldaña” explicando que “he acordado con el Ayuntamiento mi renuncia a ejecutar la sentencia que condena el edificio al derribo”. Román Ávila confesaba que se había sentido “perseguido” por los diferentes gobiernos municipales “de varios colores” en los últimos 15 años.

Respecto al Acuerdo de Mediación con el Equipo de Gobierno actual, Ávila explicaba que se estableció un protocolo de confidencialidad entre el mediador y las partes, añadiéndose la comunidad de propietarios como “nueva parte invitada”. “Ahora el acuerdo y el Acta Final que la comunidad rechazó, obran en poder de los medios” y advierte ante los que han facilitado estos datos que “se ha violado la cláusula de confidencialidad que se respeta según la Ley Oficial de Protección de Datos en la propia resolución judicial que lo homologa. La violación va a tener consecuencia ante la Agencia Española de Protección de Datos”.

Ávila indica que se ha quedado a salvo los relatos privados que cada parte envió al mediador, “incluida la comunidad invitada”, narrando que su relato se centraba en su vida personal y profesional “en relación a la persecución sufrida durante los últimos 20 años en Benavente, con datos y documentos, algunos muy sensibles que se mantienen protegidos hasta que con el beneplácito de Pascual Sala yo mismo los divulgue, y creo que lo haré si aprecio el interés de algún medio de comunicación”

Sobre la postura de la Comunidad de Propietarios que ahora rechaza el acuerdo que evita la demolición del edificio, Ávila se sorprende ya que durante todos estos años han defendido su legalidad “ahora que las partes en el proceso acordamos el indulto, utilizando consenso y diálogo -progresista- los propietarios exigen el derribo”, Román Ávila califica este hecho como “insólito” el cambio de parecer.

El arquitecto aclara que con este acuerdo el “edificio se queda como está, sin sufrir más daños que los ya infringidos por simuladas obras de legalización, amparadas por técnicos, soportadas sin críticas por los moradores, sin afección para los propietarios, pagadas por el Ayuntamiento con el dinero de todos” y se dirige de nuevo al Portavoz de Ciudadanos, Jesús María Saldaña “ya sabe a cuánto asciende esa cuenta y la repercusión resultante por cada benaventano, que nos lo diga. Saldaña conoce los gastos judiciales para el Ayuntamiento de este largo proceso judicial, los habidos y los presupuestados para el recurso contra el acuerdo que ahora plantea la comunidad. Saldaña; suma todo y nos lo dices” aludiendo a la cuenta realizada por el edil de Cs en el que indicaba que la indemnización costaría a cada benaventano 6 euros.

Román Ávila afea la acción política de Saldaña “edil y técnico, que en nada contribuyó a la lucha contra la corrupción urbanística, pese a conocerla de primera mano, pide ahora que se depuren responsabilidades, serán las que nunca exigió cuando estaba obligado a ello”.

El arquitecto reitera que el “edificio queda tal cual, está fuera de ordenación, será catalogado como un edificio en desacuerdo con el PGOU, como tantos otros en Benavente” entre ellos quiso destacar “el chalé ilegal e ilegalizable construido en suelo rústico e inundundable por un benaventano relevante” refiriéndose al antiguo Alcalde Saturnino Mañanes al que calificó “como un impostor que no quiso saber nada de este tema” echando en falta una solución política al edificio Villalar durante su gobierno municipal.

Román Ávila echaba la vista atrás, y recordaba a la comunidad de propietarios que el solar en el que se asienta la construcción era propiedad de Manuel García Guerra, por aquel entonces Alcalde del PSOE “que lo vende a la empresa del teniente Alcalde, un proyecto con una veintena larga de Infracciones Urbanísticas Graves, en 24 horas una “licencia exprés” conocidas las denuncias continúan, delinquiendo y prevaricando, otorgan otra licencia para el edificio Villalar 2, con las mismas infracciones y con los mismos arquitectos pero con equipo de gobierno de otro color (PP) y continúan todos esquivando su responsabilidad” acusándoles de “entorpecer la labor de la administración de justicia, impiden el cumplimiento de la sentencia firme durante más de 6 años, y se dedican a perseguir al denunciante por todas las vías imaginables, destruyen a Román y a toda su familia con actuaciones propias de un cártel mafioso, mi hijo Fernando (ingeniero) abandona su segunda carrera universitaria de arquitecto en Zamora, abandona su vivienda y su oficina y emigra fuera de España. Nos arruinan en todos los aspectos posibles: personal, profesional, físico, social y económico”, lamentaba Ávila.

El arquitecto vuelve a cargar contra Saldaña y el Partido Popular considerando que “aluden su responsabilidad, eluden la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los artículos 259 y 262, miran para otro lado, me persiguen y me hacen la vida imposible, vetan mi actividad profesional”.

Ávila señala que mierntas el promotor de las viviendas las vende, “algunas se revenden, la mayoría conociendo lo que ocurría”, él fue expedientado de manera disciplinaria colegial “impulsado por los mismos arquitectos autores del Villalar, pero sobreseído por falsedad en las imputaciones”.

Ya centrado en la última fase del procedimiento y habiendo conseguido que la totalidad de las costas fueran impuestas al Ayuntamiento de Benavente “perdedor por goleada” indicaba Román, con el acuerdo de mediación “pierdo ese alivio económico, como siempre asumiré las costas que me corresponden de parte, eso por haber ganado, por dialogar y consensuar”.

“Ni Saldaña, ni el PP lo recordarán, pero como oposición y como gobierno siempre tuvieron pleno conocimiento de mis denuncias, del proceso penal que interpuse en 2005 contra técnicos y concejales con nombres y apellidos, aquellos del PSOE que otorgaron licencia ilegal al edificio y que sabiéndolo persistieron… los del PP heredaron el hábito, ¿y ahora a buscar responsables?, Saldaña ha perdido la brújula”.

Román Ávila aclara que ha intentado reunirse varias veces con los propietarios del edificio sin éxito, con el objetivo de explicarles que su postura no va en contra del inmueble “bien construido por Aquilino García, me he hartado de decirlo y de escribirlo, la comunidad no me quiso escuchar, siempre fui contra las personas responsables de la corrupción, las que debieron pagar, por eso el resultado ha sido mi persecución y la de mi familia que ha impresionado al mediador. Ahora no se crea un grave precedente, es un precedente esperanzador, que alentará la respuesta ciudadana contra la corrupción si se produjera”.

Para Ávila que el Portavoz de Ciudadanos, Jesús María Saldaña pusiera en entredicho la decisión judicial, poniéndolo como comparativa un caso de violación “y que el juez le diga a la señora que se arregle con él, pides una subvención y aquí paz y luego gloria… no porque le compres al denunciante se quita esto de encima” indicaba Saldaña en la rueda de prensa, para Ávila “son apreciaciones, balbuceos, chascarrillos de final de jornada que suenan mal, flojos e impropios. No merecen respuesta sensata, rebajan el nivel”.

Román Ávila, recalcal que el pacto adquirido "es firme" y  quiere que por parte del actual Ayuntamiento comunique lo acordado y habilite la partida de indemnización valorada en 110.000 euros además de un reconocimiento público por parte del Ayuntamiento en el que se restaure el honor de Román Ávila y su familia.