PP y Cs mantienen que la infracción en el Edificio Villalar “sigue existiendo” a pesar del acuerdo de mediación entre Ayuntamiento y demandante

Los portavoces del Partido Popular, Beatriz Asensio y del Partido Ciudadanos, Jesús María Saldaña en el Ayuntamiento de Benavente han comparecido esta mañana ante los medios de comunicación tras conocer el auto judicial donde se archiva el caso del Edificio Villalar al llegar a un acuerdo de mediación entre el Ayuntamiento de Benavente y el arquitecto y demandante Román Ávila.

Este acuerdo de mediación pondría punto y final a los años de litigios por esta causa que se remonta al año 2005, gobernando en PSOE, cuando el Ayuntamiento de Benavente concedía licencia para la construcción del Edificio Villalar. Fue en el año 2010, durante el gobierno del Partido Popular, cuando el procedimiento judicial anulaba los Decretos de Alcaldía de esta obra por no dar cumplimiento al Plan General de Ordenación Urbana.

En el año 2013 se dictó, por parte del Ayuntamiento, un decreto por el que se otorgaba una nueva licencia urbanística para la realización de las obras oportunas y restaurar la legalidad conforme al PGOU.

En el año 2019 el Juzgado Contencioso Administrativo declaraba que existían una serie de obras que no se habían realizado dentro de ese expediente de restauración de la legalidad “y que además su cumplimiento era imposible” indica el auto judicial facilitado por Partido Popular y Ciudadanos. En concreto se refiere a la dimensión mínima del patio, el cual si se ampliara disminuirían el tamaño de las habitaciones “por lo que se incumpliría el PGOU en otro punto”, entre otras anomalías respecto a las dimensiones interiores del edificio.

El Juzgado concedía a la Administración un plazo de 6 meses para que procediera a la adecuación de la legalidad bajo el apercibimiento de que en el caso de que no se hiciera se debería proceder a la demolición del inmueble. Un auto que fue revocado por Tribunal Superior de Justicia en el año 2020 al entender que “existiendo una licencia urbanística de 16 de enero de 2013 que no ha sido declarada nula, debía darse traslado al titular de la licencia para que formule alegaciones”.

Por su parte la Comunidad de Propietarios presenta un escrito formulando un incidente de ejecución en la sentencia a fin de determinar su cumplimiento y efectos legales de dicha declaración y las medidas de aseguramiento de la derivada responsabilidad del Ayuntamiento de Benavente.

En el mes de mayo de 2021 se presenta un acuerdo de mediación entre el Ayuntamiento y el arquitecto Román Ávila, como demandante, en el que se indemniza en concepto de daños morales y el ejecutante renuncia a la ejecución de la sentencia y a la impugnación de las obras.

Tanto Ayuntamiento como el demandante solicitan el archivo por carencia sobrevenida mientras que los propietarios pretenden seguir adelante para la demolición del edificio, reconstrucción e indemnización. Aunque el auto judicial aclara que la norma autonómica, como la legislación estatal, tiene previsto que existan inmuebles fuera de ordenación “sin que dicha circunstancia implique necesariamente su demolición sino únicamente las circunstancias previstas en el art 64 LUCyL, sin perjuicio de las posibles responsabilidades patrimoniales en la que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento”.

Por ello el auto judicial, en el que cabe un recurso de apelación, dispone archivar la ejecución por homologación del acuerdo de mediación intrajudicial de 17 de septiembre de 2021.

Posturas Partido Popular y Ciudadanos

Ante este auto y tras facilitar a los medios el Acuerdo de Mediación entre el Ayuntamiento de Benavente y el demandante, los grupos de la oposición, PP y Cs se preguntan “¿En qué situación urbanística va a quedar el edificio?”.

La Portavoz Popular, Beatriz Asensio señala que los informes técnicos “indican que el edificio va a seguir incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana”. Además critica la postura del Alcalde de Benavente “que se hace llamar garante de la legalidad, ahora llega a un acuerdo para pagar al denunciante y que no reclame el cumplimiento de la legalidad”, indicando que con este movimiento el Alcalde “quedaría invalidado para hacer cumplir la legalidad urbanística”.

Por su parte el Portavoz de Ciudadanos, Jesús María Saldaña ha reprochado que este acuerdo se lleve a cabo sin contar con los vecinos “han adquirido una vivienda que va a quedar fuera de ordenación”.

Respecto a la partida a la que se acudirá para pagar al denunciante, Saldaña señala que “el presupuesto tiene partidas limitadas. Van a indemnizar o comprar al denunciante” consideraba el Portavoz de Ciudadanos.

El Portavoz de Ciudadanos con el objetivo de hacer entender la situación del Acuerdo de Mediación la comparaba con "poniendo un ejemplo, una señora acusa a este señor de violación, no se nos ocurre que la jueza o el juez le diga a la señora porque no te arreglas con él, pides una subvención y aquí paz y luego gloria, es que ese no es el procedimiento".

El acuerdo de mediación se ha fijado en el pago de una indemnización de 110.000 euros al arquitecto del edificio, además de un reconocimiento público por parte del Ayuntamiento en el que se restaure el honor de Román Ávila y su familia. Por su parte el arquitecto renuncia a la ejecución de la sentencia de la Sala de Valladolid y a la impugnación de las obras que se realicen en el Edificio Villalar.

En el acuerdo también se fija que el Ayuntamiento estaría dispuesto a realizar las obras que fueran necesarias para garantizar las condiciones de habitabilidad y a su vez de indemnizar a los propietarios.