Unión ciudadana en la I Asamblea en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León

A primera hora de la mañana desde la Plaza Virgen de la Vega partía el autobús fletado por el Partido Socialista con una expedición de benaventanos encabezados por el Secretario General del PSOE de Benavente y Comarca y Alcalde de la ciudad, Luciano Huerga con el Concejal de Comunicación Fernando Marcos, rumbo a Valladolid donde se ha celebrado la primera Asamblea Social en defensa de la Sanidad de Castilla y León. Una asamblea a la que también han acudido zamoranos de Toro, Zamora y de las comarcas de Aliste, Sayago.

Esta iniciativa ha sido organizada por la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública, compuesta por 23 plataformas y/o asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública de cada provincia de la Comunidad Autónoma, entre ellas se encuentra el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública en Zamora, con las asociaciones que la forman, una de ellas es la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Benavente y Comarca.

Una mañana de sábado donde se han desarrollado varios bloques dentro del programa con el objetivo de debatir y poner la realidad de la sanidad pública de Castilla y León sobre la mesa. Para ello se ha realizado un análisis del sistema de la Comunidad de manos del médico Marciano Sánchez Bayle, Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.

Entre los puntos principales que se han tratado ha sido la Atención Primaria en las zonas rurales, los recursos humanos y las condiciones laborales que tienen los profesionales sanitarios en Castilla y León, la situación de los hospitales, el sistema de emergencia y la gestión de las listas de espera. Un análisis que se enfoca en la necesidad de reforzar la sanidad, dañada por la situación epidemiológica de la COVID-19.

Durante las ponencias se ha denunciado los recortes y las políticas privatizadoras “que han debilitado la capacidad de responder las necesidades de la población”, algo que desde la Coordinadora consideran que la pandemia ha ayudado a poner en evidencia las deficiencias tanto en material como en personal sanitario.

Respecto a la situación en los hospitales, la reducción de camas en planta y en UCI “ha tenido consecuencias dramáticas para los grupos más vulnerables, especialmente las personas mayores en residencias y las personas con enfermedades crónicas”.

La Atención Primaria es el talón de Aquiles para las Asociaciones en Defensa de la Sanidad, ya que es un primer contacto con los servicios sanitarios. En la jornada han destacado que hace falta una inversión y una gestión del personal para poder garantizar el relevo generacional de médicos y enfermeras.

La llegada de la COVID-19 centraba todos los esfuerzos de la Sanidad en combatir la epidemia, pero para la Coordinadora esta situación ha dejado “descuidados” situaciones no COVID, “especialmente en zonas rurales: Se ha vulnerado la equidad y la accesibilidad a los recursos tanto de Atención Primaria como Hospitalaria”.

Muy críticos con la gestión sanitaria por parte de la Consejera Verónica Casado, exigen una mayor inversión en las estructuras y recursos humanos de la Sanidad Pública, “poner la desregulación y el menosprecio de lo público por delante de la evidencia científica tienes estas perversas consecuencias”.

La Coordinadora de las Plataformas Sanitarias considera que se deberían haber iniciado medidas para motivar que los profesionales sanitarios no prefieran marchar a otros destinos fuera de Castilla y León “optar por el diálogo y la incentivación en vez de aprobar decretazos”.

Respecto a las externalizaciones de servicios sanitarios han hecho referencia a evidencias científicas que aseguran que restan recursos al gestor público “son más caras y menos eficientes. Solo una mala gestión puede explicar que mientras nuestras propias instalaciones están infrautilizadas, se externalice porque las empresas privadas sí que sean capaces de encontrar personas sanitario”.

Una de las herramientas que proponen para mejorar y reforzar la sanidad públicas es el diálogo “se debe partir de los consensos existentes y reconocer las necesidades y la diversidad de Castilla y León”.

Acusan al gobierno de la Junta de Castilla y León de gestionar con pasividad, lo que ha supuesto una intensificación de externalización del servicio.