El PSOE en Castilla y León incide en la necesidad de reforzar la sanidad rural “frente al manoseo de PP y C’s”

Alcaldes y alcaldesas en la Ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), entre los que se encontraba el Alcalde de Benavente, Luciano Huerga han insistido hoy en la necesidad de garantizar la asistencia presencial médica y de enfermería en todos los centros de Salud y consultorios locales de la red, el compromiso de no reducir los recursos sanitarios del medio rural para trasladarlos al medio urbano, el desarrollo de la cita previa en el medio rural, mediante un sistema de atención personal al usuario o adaptar las medidas que se acuerden a cada zona básica de salud, para su puesta en marcha con el consenso de los profesionales y de los ayuntamientos.

También defendieron hoy la mejora de las condiciones de contratación y laborales de los profesionales sanitarios eventuales en el SACYL hasta situarlas entre las mejores del Sistema Nacional de Salud o requerir del Gobierno de España una convocatoria extraordinaria MIR de Medicina Familiar y Comunitaria para absorber la bolsa de grado de medicina que no puede ser contratado por la administración pública al no contar con título de médico especialista. Estos algunos de los aspectos defendidos hoy en una de las cuatro mociones que los/las ediles socialistas presentaron en la Ejecutiva.

Las otras mociones se centraron en la subida de la tarifa de la luz, la ordenación del territorio y la llegada de los fondos europeos a nuestra Comunidad.

Respecto a los fondos europeos, el PSOE ha pedido establecer el marco de cooperación entre la Junta de Castilla y León y las entidades locales para desarrollar las líneas directrices de un proyecto de Comunidad capaz de aprovechar los fondos Next Generation UE para abordar las transformaciones económicas, sociales y demográficas que necesita Castilla y León.

También han pedido que se garantice la objetividad, equidad y eficiencia en la aplicación de los mismos, sin discriminaciones entre territorios, sectores productivos o colectivos sociales destinatarios.

Y, por último, determinar la participación de los ayuntamientos en la gestión de los fondos Next Generation preasignados a la Junta, que en ningún caso será inferior al 15% del total.

En cuanto a la ordenación del territorio, el PSOE defendió que “ningún mapa de ordenación de servicios puede hacerse en el vacío, sin concretar la localización de servicios y su dotación, así como los estándares mínimos de cobertura para cada uno de los servicios autonómicos, a que obliga la Ley. No tiene sentido aprobar una ley de ordenación de servicios en el medio rural sin un plan de mejora de dichos servicios”.

Por otro lado han mostrado su rechazo a “cualquier recorte de servicios en el medio rural que se quiera hacer al amparo de proyectos de ordenación de cualquier tipo, y urgimos la puesta en marcha sin más dilación de los instrumentos de convergencia económica y demográfica previstos en el Estatuto: El Fondo Autonómico de Compensación y el Plan Plurianual de Convergencia Interior”.

El PSOE ha pedido aumentar hasta los 2.000 millones de euros el límite a ingresar al sistema eléctrico procedente de las subastas de los derechos de emisión de CO2, modificando el apartado b) de la Disposición adicional segunda de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, para actualizarlo a los ingresos que realmente se obtienen y compensar la reducción de la recaudación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica.

Los socialistas piden mantener el tipo de IVA aplicable a la electricidad en el 10% de manera indefinida, modificando el artículo 91.1- Apartado Uno de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre Valor Añadido para incluir la energía eléctrica como bien al que se aplica el tipo reducido de este impuesto.

En tercer lugar, modificar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica como las anualidades de la deuda del sistema eléctrico y los gastos derivados de la actividad de producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares, sean financiados íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.