El presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y la
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos,
rubricaron en Burgos el protocolo de actuación en materia de
protección de las personas en situación de pérdida de vivienda
habitual por causa de ejecución hipotecaria. Un acuerdo que
favorecerá que los magistrados dispongan en el plazo de 10 días de
un informe detallado de la situación de la persona o familia en
riesgo de perder su vivienda.
El protocolo se incluye en el
Programa Integral de Apoyo de las Familias en Riesgo de Desahucio,
impulsado desde la Gerencia de Servicios Sociales, con el ánimo de
prevenir las situaciones de sobre-endeudamiento familiar y atender en
los casos de riesgo de pérdida de la vivienda de familiar como
consecuencia del impago de la hipoteca.
La suspensión de los lanzamientos
en determinados supuestos ya viene amparada por algunas medidas
adoptadas por el Gobierno como ha sido la reciente Ley 1/2013, de
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social. No obstante, tanto
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades como el TSJ de
Castilla y León, son conscientes de que podrían darse casos en los
que hubiera ausencia o dudas sobre alguno de los requisitos fijados
para la consideración de “especial vulnerabilidad” a fin de
obtener una moratoria en el lanzamiento de la vivienda habitual; como
también podría suceder que un ejecutado no solicitara del juez
dicha suspensión por simple desconocimiento de tal posibilidad.
Así, a petición del juzgado o por
propia iniciativa, los servicios sociales locales emitirán un
informe valorado que podrá servir para que el juez pueda apreciar
cada situación y ponderar las medidas a adoptar.
El protocolo contiene además el
establecimiento de mecanismos de intercambio técnico y de
información entre el TSJ y el personal técnico del programa. Se
trata también de que el TSJ esté implicado y conozca las fases
preventivas en las que colaboran de manera muy activa las Entidades
Locales, de forma que la labor judicial no se circunscriba
exclusivamente a la parte procesal, sino que se pueda difundir lo
importante de acudir a estos servicios, mediante el número 012,
mucho antes de que se produzca un lanzamiento de su casa.
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