Políticos y reproche social

Seguimos instalados en una discusión permanente por ganar el relato, quizás en la creencia de que ello dejará expedito el camino hacia el poder y los gobiernos. Creo que es un debate tan agotador como estéril mientras se postergan otras cuestiones que son, en mi opinión, mucho más importantes para el día a día de la gente. La salud, la educación, la economía familiar, el compromiso social, la conciliación, la atención a los mayores, más transparencia en la gestión política, el repoblamiento equilibrado del territorio o buscar consensos en cuestiones de Estado, son sólo algunas de ellas.

España es un país muy descentralizado en lo organizativo y también en competencias, aunque tengamos que ver demasiado a menudo cómo algunos políticos tratan de escurrir el bulto a la hora de tomar medidas difíciles o impopulares. Cuestión que ha quedado blanco sobre negro en la pandemia, en la crisis con Marruecos, en los indultos, en la acogida de menores no acompañados... Lamentablemente la sociedad ha interiorizado que la política es la antesala de corrupciones de toda laya, y lo anterior retroalimenta esta percepción.

La realidad objetiva es que tenemos una nómina de políticos tan desproporcionada que complica mucho el funcionamiento las administraciones y los partidos políticos, abonando el nepotismo y el descarado clientelismo laboral. En definitiva, que la eficiencia de estas manos muertas, la querencia que hacen por el frentismo partidista, el encumbramiento de los mediocres o la exigencia de lealtades inquebrantables, están en el origen del reproche social que se aprecia en todos los estudios demoscópicos.

España tiene ocho mil quinientos ayuntamientos, cuarenta y una diputaciones, siete cabildos insulares, diecisiete autonomías, dos ciudades autónomas, delegaciones y subdelegaciones del gobierno central y también de los autonómicos, dieciocho defensores del pueblo (con diferentes nombres), Consejo de Estado, de las autonomías, de Cuentas, de transparencia, mancomunidades, dos mil ochocientas empresas públicas estatales, dos mil trescientas cincuenta con cargo a las autonomías, entes autónomos, fundaciones... A todas luces un exceso que sería preciso repensar, y desde luego hacerlo antes de tocar la presión fiscal a pequeñas empresas, autónomos o ciudadanos.

Somos el país de Europa con más políticos electos (cuatrocientos mil), muy por encima de Alemania (cien mil) que cuenta con el doble de población y mayores transferencias a sus dieciséis länders. Y si miramos las ratios, observamos que España tiene un político por cada 115 habitantes, Italia uno cada trescientos y Alemania uno cada ochocientos. Dicho de otra forma, en nuestro país hay más políticos por habitante que médicos, policías y bomberos juntos. No es de extrañar que los políticos y la política estén siempre en la palestra por asuntos de corrupción y estima social.

La opinión pública “juzga” y “condena” las malas prácticas de los médicos, de los ingenieros, de los arquitectos, de los maestros, de los banqueros... y los políticos no van a ser menos, además, la ética y la eficiencia de un cargo público ha de tener una vara de medir mucho más exigente. Un gestor “decente” (entiéndase como no ladrón) no puede ser ineficaz en su gestión, enredador, vago, intolerante o mentiroso. Verdad es que una democracia plena como la nuestra tampoco puede permitirse Torquemadas que hagan suya, ni siquiera en sentido mediático-figurado, la máxima del cardenal Richelieu que le llevó a decir: “Dadme seis líneas escritas por el más honrado de los hombres y hallaré en ellas algo para colgarlo”. Pero algo habrá que hacer.///