El Sahara Occidental, la herida que sangra

La presencia española en el territorio se remonta al siglo XIX (1884). Cincuenta años después (1934), en tiempos ya de la II República, los jefes de las tribus saharauis firman un tratado amistoso de adhesión a España y se convierte en una provincia más del estado español. En el año 1965 la ONU solicita a Franco la descolonización del territorio, pero el gobierno de nuestro país tarde ocho años en responder y, cuando lo hace, afirma que prepara un referéndum que se celebraría a finales de 1975.

El antecedente más grave de violencia en la antigua colonia tuvo lugar en junio de 1970 cuando el ejército español reprimió, con extraordinaria dureza, una revuelta liderada por Bassiri (que desaparece o lo desaparecen en los disturbios). Murieron más de 40 activistas y varios cientos fueron duramente represaliados; sólo tres años después (1973) se funda el Frente Polisario.

Con el dictador agonizando y una España muy preocupada por lo asuntos domésticos, el rey Hassan II toma la iniciativa (al parecer pactada) y ordena una invasión civil y militar del Sahara Occidental: Más de 300.000 colonos y entre 20 y 25 mil soldados componen lo que ha dado en llamarse la llamada Marcha Verde.

En febrero de 1976, después de una evacuación masiva y desordenada de la población nacional hacia Canarias y Andalucía fundamentalmente, España comunica a las Naciones Unidas que ha cedido a Marruecos y Mauritania la administración del territorio del Sahara. El llamado Acuerdo Tripartito de Madrid (noviembre de 1975) secreto, ilegal y a todas luces inmoral, reconoce que no se cede la soberanía del territorio, pero de facto condena al pueblo saharaui a una lucha desigual e incierta para conseguirla. La madeja histórica se completa con la retirada de Mauritania de este acuerdo (1979) dando paso a la efectiva ocupación de todo el territorio por el reino de Marruecos. La inhibición posterior de la Comunidad Internacional permite la explotación de las riquezas mineras, la gestión de las pesquerías del banco canario-sahariano, la guerra permanente con la población autóctona y, finalmente, la declaración unilateral de la República Árabe Saharaui como nuevo actor político en el conflicto.

En noviembre del 2010, cuarenta y cinco años después de la chapuza diplomática de Madrid,  el ejército marroquí asalta a sangre y fuego el campamento Gdim Izik  aplastando las revueltas que le siguieron en la ciudad de El Aaiún. Estos hechos dramáticos devolvieron al plano internacional la gravedad de este conflicto. Hace unos meses en la región de Guerguerat, zona fronteriza con Mauritania, el ejército de Marruecos vuelve a disolver violentamente a los manifestantes que bloquean el paso enfrentándose a tiros con militares saharauis que protegen a los civiles. Esta violación del alto el fuego vigente, provoca que la República Árabe Saharaui declare oficialmente la guerra al Reino de Marruecos.

La administración Trump, con un mandato agotado y sin que la urgencia lo requiriese, le reconoce a Marruecos el derecho de soberanía sobre este territorio. Vincula esta declaración con al reconocimiento de Israel, todo ello de manera unilateral y sin tener en consideración los derechos de los pueblos saharaui y palestino. Quedan en el aire el Plan de Paz (1991), el Plan Baker I y II (2003), el fracaso de la MINURSO después de invertir 600 millones de dólares, las acciones diplomáticas de Kofi Annan, casi veinte meses sin renovar el alto representante de la ONU para el Sahara, la vía del referéndum de autodeterminación, la opinión de España y la Unión Europea... La potencia ocupante pretende imponer una salida autonomista que encubre la anexión del territorio, desechando el acuerdo multilateral como única solución duradera para un territorio que se encuentra a solo cien kilómetros de Canarias y comparte con el Archipiélago derechos mineros en sus aguas territoriales y lazos de vecindad.

La dejación de responsabilidades de los sucesivos gobiernos de España en este conflicto no se corresponde, en absoluto, con la responsabilidad objetiva de ser la última potencia colonial, con los intereses de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la legalidad internacional, con el compromiso moral, afectivo con una población que en muchos casos conservan la antigua cédula de identidad y el DNI español.

Esta falta de compromiso de nuestros gobernantes contrasta con el sentir de la opinión pública, con la evidencia de que miles de familias españolas vienen acogiendo a niños y niñas saharauis, con la acción de intelectuales y artistas (de todas las ideologías) que refuerzan cada año esos lazos de amistad y, en general, de la empatía que tiene España con la dureza y el abandono de los campamentos saharauis. Son mensajes tan claros como rotundos que los sucesivos gobiernos de la democracia se empeñan en desoír en aras de pretendidos intereses económicos, mayor cooperación en políticas de inmigración, seguridad para las ciudades autónomas... Obviando, claro está, los futuros desafíos geopolíticos del reino de Marruecos, más allá de Ceuta y Melilla.

Hace unos días todo volvió a saltar por los aires con la entrada ilegal de más de ocho mil personas en la ciudad de Ceuta, muchas de ellas menores. Era la reacción injustificable del gobierno de Rabat a la acogida humanitaria (y al parecer también ilegal) de Brahim Gali, líder del Frente Polisario y Presidente de la República Saharaui Democrática, para ser tratado en un hospital de La Rioja de coronavirus. Allí todo vale, pero lamentablemente parece que aquí también. Algunos partidos políticos convirtieron el tema en munición contra el gobierno de España, alentando un gran despliegue político y mediático en contra del sentido común y la sabiduría del refranero que sentencia: Por un mal vecino, no deshagas nunca tú nido. Pero es lo que hay.  ///