La gobernanza que pide paso

De los ritmos y la intensidad de los cambios sociales nadie tiene la llave, pero sigue habiendo piedras miliares que marcan el camino y aunque se encuentren enmarañadas por la maleza siguen ahí. El pasado martes era noticia de portada, en un periódico de tirada nacional, la severa condena que dictó un juzgado de lo penal de Ponferrada contra el alcalde de una pequeña localidad, a cuenta de la reiterada falta de transparencia en las cuentas públicas que pedía un grupo de vecinos/as. Una resolución judicial que viene a engrosar el listado de sentencias condenatorias por vulnerar estos derechos.

La ley de Transparencia se remonta a 2013 con la correspondiente trasposición en prácticamente todas las autonomías, y lo mismo ocurre con los Consejos de Transparencia y Buen Gobierno. Esta ley, como todas, está para cumplirse y por eso es de agradecer que la ciudadanía y la Justicia encaren, con su estricta aplicación, el problema de autoritarismo y la opacidad que lastran la calidad democrática y la satisfacción ciudadana en algunas administraciones que son de todos.

No es una exigencia nueva, de hecho muchas instituciones han ido incorporado dinámicas de una gobernanza que mejora sustancialmente el funcionamiento y la satisfacción ciudadana. Y es que todos los informes independientes apuntan en la misma dirección: La situación actual exige una administración flexible, más ágil, más transparente y que dé respuesta rápida a los problemas que se le plantean. Los administrados quieren (y le asiste el derecho) que se resuelvan las rigideces, las demoras en la resolución de expedientes, poder participar en las grandes decisiones, conocer las cuentas, saber de la gestión extraordinaria, que se dé un trato igualitario… Y se tolera cada vez menos que esos vicios sean la punta de lanza para justificar privatizaciones o externalización de servicios. Dicho de otro modo, ya no es de recibo que la incompetencia política dé alas al descrédito de la Administración e impulse la irrelevancia de los servicios públicos.

Los gobernantes que no evolucionan se manejan mejor en la opacidad tradicional porque no airea sus vergüenzas de falta ética, de vulneración de los controles legales, de nepotismo o de incompetencia, y se resisten a orillar el anacronismo de su ordeno y mando en favor de una participación activa en la gestión de lo público, pero los tiempos han cambiado y esos corsés empiezan a desabrocharse.

 Las Cartas Ciudadanas, ya sean de marco, de servicio o de compromiso han dejado de ser una herramienta exótica en las administraciones públicas. Han demostrado plenamente su eficacia en la gestión, en los índices de satisfacción de los usuarios y, desde luego, en la urgencia de identificar los cuellos de botella y el lugar exacto de los incumplimientos. En esta línea trabajan muchos gobiernos, las Redes Locales de Gobernanza Europea y, claro es, todos los Programas de Modernización y Calidad de los Servicios en los que participan cientos de instituciones de nuestro país.

Al contrario de aquellos otros, los gobiernos que abanderan modelos de nueva gobernanza conciben de otra manera las relaciones con la ciudadanía. Están en línea con una realidad cambiante y asumen las nuevas necesidades, aun sin ser de su estricta competencia. Cierto es que gestionarlas tiene costes económicos no cuantificados en las transferencias y esta es, precisamente, la otra gran demanda de las conclusiones de los seminarios y encuentros de responsables políticos y del funcionariado: Que las administraciones se financien por lo que hacen realmente y no por lo que debieran hacer. De ser así, otro gallo nos cantaría. ///