Castilla y León pide al Gobierno unidad de acción para hacer frente a una tercera ola más grave que las anteriores

Nueve CC.AA. (Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia y Madrid) han solicitado al Ejecutivo central nuevas herramientas jurídicas que se adecúen a la situación epidemiológica y asistencial por la COVID-19, de manera que dispongan de más mecanismos oportunos y lo más inmediatos posible, adaptados a la tercera onda pandémica y referidos a la limitación de la circulación ciudadana y al establecimiento de confinamientos.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha valorado como suficiente el actual marco jurídico nacional frente a la pandemia, insistiendo en que las CC.AA aún disponen de margen decisorio y que hay que esperar a ver cómo se obtienen resultados de las medidas implementadas.

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León; Verónica Casado Vicente, ha remarcado, ante la postura ministerial, la necesidad de una unidad de acción para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que facilite y ampare una toma rápida de decisiones desde una efectiva coordinación a nivel nacional.

En este sentido, la responsable sanitaria castellana y leonesa ha puesto de manifiesto que la cogobernanza invocada por el Ejecutivo central para la gestión pandémica ha de ser real, no una mera declaración de intenciones o apoyo y para ello es necesario dotar a las CC.AA. de las herramientas legales que garanticen la efectividad jurídica de las medidas a implementar ante cada situación, incluidos la ampliación de horarios del toque de queda y posibles confinamientos, más allá de la actual redacción del Real Decreto 926/2020.

Verónica Casado ha insistido en que la situación epidemiológica y sanitaria por esta tercera ola de la COVID-19 está siendo aún más grave que las dos ondas pandémicas anteriores, por lo que es absolutamente necesario la adopción de medidas que palíen esta situación, ya que cuanto más se demoren esas decisiones, mayores serán los contagios, los ingresos y las personas fallecidas.

La Junta recuerda que, en cuanto a normativa publicada en el BOCyL y sobre la que no existe aún resolución judicial, sigue vigente en Castilla y León el toque de queda establecido entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana, además de otras medidas tales como la limitación, con carácter general, de las reuniones en espacios de uso público y privado a un máximo de cuatro personal; la reducción del aforo en lugares de culto a un tercio, con hasta veinticinco personas en total; y el cierre perimetral del conjunto autonómico y de todas y cada una de las provincias.

Además, todos los territorios provinciales permanecen en el nivel 4 de alerta sanitaria para la contención de la COVID-19, con las medidas preventivas reforzadas vigentes.