La pandemia incrementa los problemas de movilidad en las personas con discapacidad

 

 

 

La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla en su artículo 3 del “respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas”. Esta misma convención añade que estas personas tienen el “derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad con opciones iguales a las de las demás”.

 

El avance de la COVID-19 y todos los cambios que está obligando a llevar a cabo en nuestra forma de vida, está afectando de forma especial a las personas con discapacidad que necesitan de autonomía para desplazarse en medios de transporte público y deben de recurrir a otro tipo de medios privados como son los coches para discapacitados. La drástica reducción de recorridos y líneas llevada a cabo por las empresas de transporte de viajeros ha hecho que este sector de la población busque soluciones personales para su desplazamiento.

 

A nivel mundial, una de cada siete personas vive con una discapacidad, lo que significa que pueden existir en el mundo unos mil millones de personas afectadas. Sin embargo, a pesar de ser un número tan importante de personas, es frecuente que se pasen por alto sus necesidades.

 

Desde la ONU, Antonio Guterres declaró que “La pandemia está agravando las desigualdades y produciendo nuevas amenazas”, pidiendo una estrategia para que en las acciones que se tomen contra la pandemia se incluya a las personas con algún tipo de discapacidad.

 

Alzouma Maiga, representante de la sociedad civil en la Conferencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dijo que “la amenaza no es solo de la COVID-19, sino de las decisiones políticas que cambian las decisiones anteriores y nos deja aún más excluidos. Estos no es igualdad, esas decisiones representan una discriminación”.

 

Una de las peticiones que se registraron en esta Convención fue que el sector privado adoptara un compromiso político con el desarrollo sostenible, aumentando la accesibilidad en los lugares de trabajo para conseguir la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad y contribuyendo con sus beneficios empresariales a mejorar la accesibilidad en los lugares públicos.