El Gobierno recurre el toque de queda de Castilla y León, pero se mantiene su vigencia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha solicitado a la Abogacía General del Estado la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo contra el acuerdo de la Junta de Castilla y León que entró en vigor ayer sábado, restringiendo entre otras cuestiones la movilidad de las personas desde las ocho de la tarde, algo que el Real Decreto del Estado de Alarma no contemplaba.

El Gobierno de la Nación considera en su recurso que el Real Decreto del Estado de Alarma determina como periodo para la limitación de libertad de circulación de las personas en horario nocturno el comprendido entre las 23 y las 6 horas, con la única posibilidad de las comunidades autónomas de de ampliar este periodo hasta las 22 horas y las 7 horas. Consideran por tanto desde el ejecutivo nacional que el acuerdo publicado ayer por Castilla y León "infringe nítidamente" este Real Decreto, que no contempla la posibilidad de intensificar o agravar estas limitaciones por parte de las comunidades autónomas, considerando que se trata de "una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del estado de alarma".

La Junta por su parte defiende su posición, avalada por sus servicios jurídicos, ya que en el momento que se auitorizó la prórroga del Estado de Alarma, se acordó la modificación de los artículos 9 y 10 del Real Decreto, incluyendo la regulación de la eficacia de las limitaciones, su posible modulación, flexibilización y suspensión y por lo tantando perdiendo la eficacia del artículo 5 del Real Decreto cuando es la autoridad delegada, en este caso la comunidad autónoma, la que ejerza las facultades.

De cualquier manera se trata de un asunto de suma complejidad jurídica que tomará protagonismo el los próximos días ante el desconcierto de los ciudadanos.