La enseñanza: siempre una prioridad

El sistema educativo fue el objetivo prioritario de los gobiernos que siguieron a la Transición, y también de los primeros ejecutivos autonómicos. Aquel espíritu inversor unido a una frenética actividad legislativa logró, entre otras cosas, poner al día infraestructuras docentes obsoletas, plantillas insuficientes, una renovación pedagógica urgente, prestigiar la Formación Profesional o establecer campus universitarios en todas las regiones. Se partía de unos datos educativos vergonzantes, pero aquel milagro fue una realidad incontestable: las generaciones mejor formadas de la historia -se decía con razón- aunque esa cualificación nunca llegase a cuajar en oportunidades laborales ni dignas ni suficientes.

Desde entonces, puede decirse que los sucesivo gobiernos del Estado o de las autonomías no han vuelto a estar a la altura que requiere la gestión del sistema educativo: uno es responsable del marco normativo común y los otros de implementarlo en los territorios, pero ninguno ha logrado abstraerse de los intereses económicos, ideológicos, éticos o morales que concita la Enseñanza.

Cierto que el trabajo diario de profesores, familias, asociaciones… peligra en cada una de las crisis y cuestiona los avances conseguidos, pero ahora es diferente. España necesita dejar atrás esa incapacidad de acuerdo y dar un impulso definitivo que garantice unas generaciones bien formadas, profesionalmente versátiles y en continuo reciclaje profesional, que sean capaces de afrontar las oportunidades que se abrirán después de esta pandemia. Nadie debe olvidar que la Covid19 nos aboca a un cambio de modelo productivo, seguramente radical, y que ello la respuesta del sistema educativo será clave.

Desde la Ley General de Educación de 1970, impulsada por el entonces ministro José Luis Villar Palasí, se han venido sucediendo leyes generales de educación en un alocado carrusel ideológico que fueron contestadas por unos o por otros: la LOECE (1980) fue mutilada por el Tribunal Constitucional, la LODE (1985) reformada por la LOPEG, en 1990 se aprueba la LOGSE, en el 2002 la LOCE, en el año 2006 la LOE y en el 2013 la LOMCE. En la actualidad se ultima el trámite de la LOMLOE, que se convertirá en la octava Ley Orgánica de Educación que emana de la Constitución de 1978. Un triste y extravagante record.

Reitero que arrastramos esa toxicidad legislativa desde la Transición y, en mi opinión, España no puede permitirse seguir con un sistema educativo en el punto de mira de la confrontación política. Es importante la dialéctica entre pública o concertada, si de dos lenguas oficiales una lengua es más o menos vehicular que otra, si la religión católica ha de estar presente en las aulas y ser o no evaluable, si hay más o menos becas… pero nunca puede ser lo bastante como para los diputados y diputadas, abdicando de su responsabilidad, ofrezcan al país una regulación en la que todos y todas nos veamos representados, que tenga un horizonte de estabilidad y sea capaz de dar respuesta a los modelos productivos del país.

El pasado jueves, en un ambiente encanallado, el Congreso dio luz verde a la nueva ley de educación. Sus señorías se tiraron a la cabeza las referencias al castellano, la regulación y los límites de la enseñanza concertada, la ubicación de las plazas de educación especial, la escolarización de los alumnos inmigrantes, la conveniencia o no de ceder suelo público a los promotores de centros privados, la subvención a colegios que segreguen el alumnado por sexos, el control de las aportaciones exigidas a los padres… Pero casi nada de la problemática de los centros educativos al abordar la Covid19, de la figura de auxiliar de enfermería, del abandono escolar, las tasas de absentismo, la competencia de los equipos educativos para decidir la repetición de curso, las dificultades de las familias para suplir la enseñanza presencial, las limitación de las actividades complementarias, la disminución de ratios y el consiguiente aumento de plantillas, de implementar apoyos al funcionamiento de las aulas burbuja, de los protocolos para el correcto funcionamiento de los servicios de transporte, comedor, recogida temprana, las permanencias, los modelos de tutoría y la participación de madres y padres… Cuestiones que, en este momento, entiendo que son lo verdaderamente importante; pero no, sus señorías siguen enzarzados en la carga ideológica o en tratar de satisfacer los intereses de los lobby que confluyen es este negocio.

Invertir en educación es apostar por el futuro, por nuevas oportunidades para nuestros hijos o nietos, por un cambio de modelo productivo, por la investigación y la ciencia, por desarrollar un sector emprendedor fuerte… Alguien dijo que “la productividad y la competitividad se gestan desde la escuela”, pero habría que añadir que también se afianzan allí otros muchos valores de ciudadanía que tienen que ver con la justicia social, el bienestar o el equilibrio personal. //