Una orden judicial ha permitido a la Guardia Civil desalojar una macrofiesta organizada en una finca de Vime de Sanabria con más de 150 participantes

El Subdelegado del Gobierno en la provincia de Zamora, Angel Blanco, ha declarado la reprobación de estos "comportamientos impropios, insolidarios y poco generosos de una parte de la juventud".

Los jóvenes habrían organizado la fiesta en esta localidad a través de las redes sociales. Los vecinos de esta localidad realizaron varias llamadas a la Guardia Civil alertando de los hechos. Una vez comprobados la Guardia Civil a través del subsector de tráfico montó un dispositivo de control desde el exterior que hizo desistir a muchos de los participantes que acudian a esta fiesta.

Según informan desde la subdelegación del Gobierno se han producido numerosas identificaciones, denuncias por incumplimiento de la obligación de llevar mascarilla y distancia de seguridad y también por la tenencia de estupefacientes. En vista de los acontecimientos se solicitó a la administración de Justicia una resolución para el desalojo, basándose en motivos sanitarios, autorización que ha llegado hoy domingo por la tarde.  El dispositivo para el desalojo estaba preparado desde ayer sábado y ha sido hoy cuando ha podido hacerse efectivo, pudiendo ser acusados de desobediencia aquellas personas que se resistieran a abandonar el lugar.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora recibió un informe de la Guardia Civil sobre la celebración de una concentración no autorizada en el término municipal de Vime de Sanabria, Zamora, en la que participan más de 150 personas llegadas de distintos puntos del país desde la noche del viernes día 7 y que, al parecer, fueron  convocados mediante las redes sociales. En dicho informe se pone de manifiesto que desde su llegada al municipio ocupan unas fincas particulares e incumplen las obligaciones de uso de mascarilla, así como la distancia social, considerando que dicha aglomeración de personas podía suponer un riesgo grave de salud pública dado al alto riesgo de contagio de coronavirus. Todo ello con la consiguiente alarma social que ha generado desde su llegada a la población.

Ante la grave situación, la Delegación Territorial, a través de la delegada Territorial en cuanto autoridad sanitaria competente, y previo informe del Servicio Territorial de Sanidad, con intervención de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, se acuerda la suspensión de la actividad y se solicita a la jueza de Instrucción de Puebla de Sanabria la ratificación judicial de la medida y el consiguiente desalojo, todo ello en virtud de lo establecido, fundamentalmente, en la Ley 10/2010 de Salud Pública de Castilla y León y el Decreto Ley 7/2020 por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitaria para afrontar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la Comunidad, cuya disposición considera estos hechos como infracciones muy graves y permite la adopción de medidas cautelares como la adoptada en este caso.

La actuación coordinada de la Junta de Castilla y León con la Administración de Justicia, la Subdelegación del Gobierno y la Guardia civil, se ha procedido a dar respuesta a una situación que ponía en riesgo la salud pública ocasionando en este sentido alarma social en la comarca.