Pleno Municipal con discordia en los puntos económicos y la negativa de la oposición a incluir nuevos puestos en la RPT

Esta mañana se celebra el Pleno Municipal Ordinario correspondiente al mes de julio con varios puntos en el orden del día de los cuales varios fueron aprobados directamente, sin necesidad de debate, por acuerdo de los cuatro grupos políticos que conforman la Corporación Municipal. Estos puntos fueron la incorporación del Ayuntamiento al sistema de Viogen, la concentración parcelaria, el deslinde del Mirador del Río y la aprobación de los estatutos de la Mancomunidad de Interés General.

El debate se centraba en el resto de los puntos iniciándose en lo que respecta a la segunda modificación de la RPT y de la plantilla de personal funcionario que supone la creación de un puesto de Adjunto a Intervención, otro de Oficial de Policía y por último uno de arquitecto, actualmente cubierto con una interinidad.

Un punto que para el Grupo Municipal de Ciudadanos, su portavoz Jesús Saldaña reprochaba la externalización que se han llevado a cabo durante los últimos meses de varios servicios municipales, sugiriendo que los 300.000 euros para la contratación del Estudio del Puerta del Noroeste se deriva para la contratación de al menos “7 arquitectos” indicando que con estas incorporaciones se puede hacer frente a este proyecto.

También pedía prudencia en la contratación en el área de urbanismo “si se sigue bajando la actividad puede que sobre alguien en el servicio de obras y es mejor la supresión si es interino”, además de indicar.

El concejal Javier Vega, del Partido Popular reprochaba el gasto de personal que supone la incorporación de estas plazas de funcionario, recordando la situación económica del Ayuntamiento “hay que contener el gasto, se gasta más de lo que se ingresa”.

Respecto al puesto de arquitecto, Vega indicaba que ya se encuentran 5 puestos consolidados en el departamento de urbanismo. Sobre el Adjunto a Intervención indicaba que su coste será de 60.000 euros al año “para cargar más gastos”. En referencia a la plaza de Oficial de la Policía que se suma a las 5 que ya se encuentran referenciadas, cuatro de ellas ocupadas, el concejal del PP añadía que “hay más oficiales que tropa”.

Vega anunciaba el voto en contra de su parte al considerar que “no queremos ser partidarios de ese gasto”, el cual entre las tres plazas supondrán 120.000 euros anuales.

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Manuel Burón defendía la necesariedad de la creación de estos puestos de trabajo, indicando que existe un déficit en puesto intermedios que deben ser cubiertos.

Burón señalaba que la plaza de arquitecto no variará al gasto que se encuentra actualmente con el personal interino que se encuentra actualmente trabajando en el Ayuntamiento. Respecto al Oficial de la Policía Local, el concejal indicaba que existe un déficit desde de efectivos por la Ley de Racionalidad, indicando que actualmente uno de los oficiales está al cargo de dos grupos de agentes.

Tanto Manuel Burón como el Concejal de Personal, José Mariño, recriminaban en sus turnos de palabra al Partido Popular que en el anterior Pleno Extraordinario proponían más creación de empleo por parte del Ayuntamiento de Benavente.

Mariño defendía la necesidad de la creación de la figura de Adjunto a Intervención que ha quedado patente tras el traslado del antiguo tesorero, momento en el que el Ayuntamiento no cuenta con una figura intermedia para asumir esta competencia hasta que se ocupe nuevamente el puesto.

Respecto al Oficial de la Policía Local, el edil de Personal las necesidades actuales de confeccionamiento de los grupos de trabajo de los agentes hace necesario de dotarlo de un oficial, “el oficial de más antigüedad se encarga de dos grupos con lo que se remunera la parte complementaria”.

Mariño defendía que la RPT confeccionado en el pasado mandato es un “documento dinámico y de mejora constante”.

Este punto se aprobaba con los votos a favor de PSOE-IU y en contra de PP y Ciudadanos.

Otro de los puntos que originó debate y alguna acusación de censura por parte del PP hacia el Equipo de Gobierno fue la aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, tras las alegaciones presentadas por los concejales populares considerando que la medida de que los ruegos y preguntas se comuniquen por escrito antes del Pleno y siempre cuatro horas antes de la celebración de la sesión, tiene un “espíritu censor” acusaba la Portavoz Popular Beatriz Asensio quien aseveraba que el Equipo de Gobierno “quieren controlarlo todo y fiscalizar a la oposición”.

Tanto Manuel Burón por IU como el concejal de comunicación Fernando Marcos recordaron a la Portavoz del Partido Popular que esta misma dinámica se establece en la Diputación de Zamora gobernada por el PP y Ciudadanos, un argumento que no convencía a Asensio quien pedía que se “fijaran en las administraciones que no censuran”, añadiendo que el Ayuntamiento de Zamora no ha incorporado esta medida.

Marcos señalaba que esta modificación no incumple un derecho constitucional, mientras que Burón explicaba que sirve para mejorar la organización y evitar que no se centren en temas personales de los propios concejales.

Por parte de Ciudadanos, Jesús María Saldaña, indicaba que “no se pueden definir todas las causas y todo concejal tiene derecho a preguntar y rogar lo que considere ser conocido”. Desde C’s defienden que no se limite “el derecho que tiene un concejal a preguntar o rogar”.

Este punto volvió a contar con los votos favorables de PSOE-IU y en contra de Ciudadanos y Partido Popular.

La modificación presupuestaria bajo la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto y modificación del anexo de inversiones con un importe de 67.300 euros fue otro de los puntos que originaba discordia, sobre todo por parte del Partido Popular que anunciaba su voto en contra de este punto, mientras que Ciudadanos se abstenían.

El portavoz de IU, Manuel Burón explicaba que esta modificación va destinada a afrontar los gastos producidos por el COVID-19, sobre todo en el refuerzo del servicio de limpieza como medida de prevención e higiene.

Desde Ciudadanos, Jesús María Saldaña defendía la postura de su partido en cada modificación presupuestaria “es su presupuesto y sus previsiones y pueden proceder a su adaptación”.

Más crítica se mostraba la Portavoz del Partido Popular Beatriz Asensio, aventurando que esta modificación presupuestaria “pronostica un complicado final” y volviendo a recordar el déficit registrado durante los años 2018 y 2019, reprochando que en esa modificación se renuncie a los presupuestos participativos, la segunda fase de revegetación de los Cuestos de la Mota para poder externalizar el servicio de nóminas recordando que en el acuerdo del PSOE e IU para su gobierno se hablaba de “remunicipación de servicios”.

Asensio calificaba como “incroncuencia del Equipo de Gobierno. No criticamos la contratación de empresas sino que se engañen a los ciudadanos”.

Asensio también hacía alusión a un gasto en la Veguilla valorado en 3.000 euros, unas facturas que volvieron a ser preguntadas en el turno de ruegos y preguntas y que suscitó que la concejala de Hacienda, Patricia Martín indicara que desde el área de Fiestas se realizara un coste de 700 euros para las lonas colocadas en el balcón, el dinero restante al que se refería la Portavoz Popular corresponde a una partida de comunicación.

Martín defendía que el presupuesto es un documento vivo “y las modificaciones no son ilegales” asumiendo que este 2020 “es un año complicado por la pandemia y hay que adaptar el presupuesto a las necesidades”.

La concejala de Hacienda quiso agradecer públicamente a la Asociación de Familias Numerosas la renuncia a su subvención ya que este año no podrán organizar eventos, al igual que la cantidad destinada a la Coordinadora de Peñas. Sobre los presupuestos participativos su partida irá destinada a implementas las labores de limpieza.

El punto salía adelante con los votos a favor de PSOE-IU, la abstención de C’s y los votos en contra de PP.

La aprobación de la Ordenanza fiscal de la tasa de perros por adopción, recogida y tenencia fue recibida por el Partido Popular como una “necesidad de recaudación”, así lo afirmaba el concejal José Manuel Salvador, indicando que el informe municipal detecta más gastos y menos recaudación.

Salvador señala que con esta tasa se genera “una presión ciudadana” y se pregunta si la próxima tasa “será por la tenencia de hijos” indicando que estos también hacen uso de los parques infantiles.

Por parte de Ciudadanos su defensa de este punto se diversificaba, por un lado la concejala Sara Casquero mostraba su rechazo a esta tasa, defendiendo que los propietarios de perros ya afrontan gastos como el de veterinarios, compra de pienso, peluquería canina, indicando que lo que se persigue con esta tasa es “un afán recaudatorio” considerando que es una “tasa injusta”.

En el mismo grupo su portavoz Saldaña, consideraba que esta tasa es justa considerando que los dueños de los perros paguen por los servicios prestados. Añadiendo que los dueños de perros pudieron acogerse a salir durante el confinamiento.

La concejala de Hacienda, Patricia Martín consideraba que los dueños de las mascotas son responsables y por ello aseveraba que “no tendrán problema en comprender esta tasa”. Martín indicaba que es un tasa insignificante que se paga de manera anual y reinvertirá en infraestructuras y servicios para estos canes.

El concejal de medio Ambiente, Manuel Burón defendía que esta tasa nace ya con un déficit además de indicar que los perros guías para personas minusválidas y perrros en adopción debidamente legalizados están exentos de esta tasa.