El Gobierno de España pone a disposición de los Alcaldes de la Comarca dos líneas de ayudas frente a los daños en las riadas

La Delegada del Gobierno de España Mercedes Martín se ha reunido esta mañana con los Alcaldes de la comarca de Benavente afectados por las riadas ocasionadas hace dos semanas. En total fueron convocados 22 ediles en el Ayuntamiento de Santa Cristina de la Polvorosa quienes aportaron las necesidades de sus municipios tras la primera valoración de los daños de las inundaciones y a su vez conocieron las primeras líneas de ayudas aportadas por el Estado.

El Alcalde de Santa Cristina de la Polvorosa, Salvador Domínguez, en la atención a los medios de comunicación indicaba que las crecida del río Órbigo a su paso por la localidad ha dejado plantíos desaparecidos, caminos en malas condiciones e incluso el desvío de parte del cauce del río.

Por su parte la Delegada del Gobierno de España en Castilla y León, Mercedes Martín, acompañada del Subdelegado del Gobierno Ángel Blanco y el Jefe de la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación en Zamora, Martín Mansilla ha explicado a los Alcaldes las diferentes líneas de ayuda que se pueden acoger, en concreto dos decretos, uno de ellos es el Decreto 307/2005 para paliar daños materiales y personales con un plazo de solicitud de un mes tras ser desactivada la alerta. La segunda de las ayudas proviene del Decreto 11/2019 aprobado el 20 de septiembre en el que se concederán ayudas a catástrofes producidas por fenómenos meteorológicos, en este caso el plazo concluye el 31 de marzo.

Las sedes de las Subdelegaciones del Gobierno serán el centro de información para los Alcaldes y ciudadanos que requieran acceder a estas ayudas, “lealtad y respeto entre las administraciones para hacer pedagogía”, indicaba la representante del Gobierno en la Comunidad, quien echaba en falta las medidas aportadas por la Junta de Castilla y León ante este episodio de riadas.

Respecto a las competencias en el mantenimiento de los cauces, la Delegada quiso puntualizar que desde el Gobierno Central se trasladarán las demandas de los Alcaldes a la Confederación Hidrográfica del Duero, pero indicaba que el tramo que transcurre por vías urbanas debe ser vigilado por la Junta de Castilla y León, dentro de su consejería de Ordenación del Territorio y por las área de urbanismo municipales.