PSOE e IU presentan una moción en defensa de la educación pública y la progresiva supresión de los colegios privados con financiación pública

Los Grupos Municipales de PSOE e IU presentan una moción en el próximo pleno ordinario destinado a la defensa de una red educativa pública única. Los concejales de ambas formaciones indican que la libertad de elección es realmente “preferencia de selección”, añadiendo que “ como muestran reiteradamente las investigaciones más recientes1: Preferencia de aquellos centros que quieren seleccionar una clientela “escogida” y que sirven a las clases medias y altas para que puedan alejarse de alumnado extranjero, con necesidades o de clase baja, a la vez que con esa selección el centro se asegura estar en los puestos altos de los rankings de centros para seguir siendo demandado por la futura clientela”.

PSOE e IU inciden en que la Constitución “no ampara los conciertos. La educación es un derecho social que los poderes públicos están obligados a garantizar y organizar a través de la planificación general de la enseñanza, la creación de centros docentes públicos y la participación efectiva de la sociedad en su gestión”.

Consideran que la educación concertada segrega y es “un despilfarro para el erario público” argumentando que “a financiación pública por alumno/a es similar en la escuela pública y en la concertada, sin embargo, las familias gastaron 822 euros por alumno/a en la pública, mientras que el gasto ascendió a 1.549 euros por alumno/a al año en la privada. Además, los centros concertados no pagan el IBI a los Ayuntamientos, sino que son las administraciones educativas quienes después, en todo caso, lo tienen que reembolsar a los consistorios”.

Por ello los Grupos Municipales de PSOE e IU proponen varios acuerdos como instar Gobierno de España y a la Comunidad Autónoma para que paralicen automáticamente todos los nuevos conciertos educativos previstos, que revisen los conciertos actuales, teniendo en cuenta las plazas vacantes en los centros públicos, y supriman aquellos en donde haya plazas vacantes en públicos, establezcan las medidas oportunas para la supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos, incorporando de forma inmediata a los colegios privados-concertados que ocupan suelo público, garanticen plazas públicas suficientes en los nuevos desarrollos urbanísticos, mediante la cesión de suelo público para la creación y apertura de centros, “mientras se suprimen los conciertos, para que en ningún caso se pueda destinar suelo municipal para centros escolares privados de ningún tipo. El suelo público sólo para los centros públicos”, que se establezcan mecanismos normativos y protocolos administrativos para que no se produzca el cierre de líneas de escuelas públicas en aquellas zonas donde se mantengan conciertos con la enseñanza privada, se elimine automáticamente el concierto educativo a todos los centros que segreguen por sexo, estableciendo normativas específicas para que ningún tribunal pueda amparar la segregación y la desigualdad.

Por otro lado instan a que se asegure como prioridad la existencia de una enseñanza pública con recursos y de calidad en todos los ciclos y que cubra todas las necesidades desde los 0 años, haya procesos de escolarización transparentes, democráticos y que cuenten con la participación de los agentes sociales, se establezcan mecanismos normativos y sistemas de inspección educativa que los apliquen para que haya una distribución equitativa de alumnado con necesidades educativas específicas y de compensación educativa entre todos los centros públicos y concertados, la eliminación del distrito único en aquellas poblaciones donde exista, pues aumenta las desigualdades en los sistemas educativos al aglutinar en centros a la población por status socioeconómico o por criterios ideológicos afines al ideario del centro, propiciando una polarización social y una categorización de los centros educativos, impidiendo el acceso, en condiciones de igualdad, de todos la ciudadanía al derecho a la educación.

También proponen que se establezcan mecanismos normativos y sistemas de inspección educativa que los apliquen desde las Direcciones Provinciales, a través de comisiones de escolarización centralizadas (por municipios o distritos escolares), que organicen una adecuada y equitativa escolarización y se establezca normativamente la obligatoriedad de solicitar en primera opción de matriculación el menos un centro público educativo para las familias que deseen que sus hijos o hijas estudien en un centro de la red sostenida con financiación pública.