La Diputación de Zamora podrá destinar 15 millones € de superávit a gastos e inversiones además de aminorar la deuda

Aunque habrá que esperar a los detalles, las corporaciones locales que estén saneadas podrán dedicar al menos parte del superávit del año 2012, que en el caso de la Diputación de Zamora alcanza los 15 millones de €, a gastos corrientes e inversiones, tal y como se acordó ayer en la Comisión Nacional de Administración Local.

Una petición que había sido formulada , tal y como recordaba Maillo, por las entidades locales que han conseguido que la FEMP lo llegue a aprobar, a pesar de que no se conocen los detalles que modificarán el art. 32 de la la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obligaba a destinar por completo el superávit presupuestario de la ayuntamientos y diputaciones a reducir el endeudamiento neto.

Por tanto, parte de los 15 millones que, en principio, podría tener la Diputación de Zamora como superávit de remanente de tesorería de la liquidación del presupuesto de 2012, podrían destinarse a reducir la deuda pero también a gastos corrientes e inversiones. Hay que tener en cuenta que la institución provincial ha reiterado incluso en una moción de Pleno que, si la ley lo permite finalmente, se ampliaría la cuantía de 1 millón de € con ha sido dotado inicialmente el Plan Provincial de Empleo con ayudas distribuidas a todos los ayuntamientos de la provincia para que puedan contratar personas en paro.

Esta medida han sido anunciada por el Ministerio de Hacienda debido a que las Corporaciones Locales han cumplido en general con los niveles de endeudamiento que habían sido fijados en un tope del 0,3% del PIB y han bajado a la mitad, concretamente a un 0,15 %.

Otro hecho que ha resaltado el presidente de la Diputación tras la reunión de ayer de la Comisión Nacional de la Administración Local es que las entidades locales podrán figurar como proveedores de las Comunidades Autónomas dentro del Nuevo Plan de Pago a Proveedores que va a aprobar el Ministerio de Hacienda. Ello supondrá que deberán recibir los pagos en plazos mucho más cortos y no estar pendientes de los abonos como sucede en la actualidad en que las Comunidades Autónomas tienen pendiente de pago 1.700 millones de € a ayuntamientos y diputaciones. Hay que tener en cuenta que esta nueva Ley de Morosidad o de Pago a Proveedores prevé establecer un plazo máximo de 30 días para que los particulares y ahora también las corporaciones locales puedan cobrar de la administración pública. En este sentido, hay que señalar que la Diputación de Zamora está muy por debajo de la media nacional en cuanto a los pagos a proveedores e incluso por debajo del tope de 30 días que establecerá la nueva normativa.