El PP denuncia a Luciano Huerga por presunta prevaricación

El Partido Popular ha presentado una denuncia en los Juzgados de Benavente contra el Alcalde de la ciudad, Luciano Huerga y contra la Concejal de Urbanismo, Sandra Veleda, por presunta prevaricación, “al haber actuado de forma arbitraria y a sabiendas de la ilegalidad de su decisión”.

Aseguran que el Alcalde de Benavente ha venido permitiendo el ejercicio de la actividad a la empresa durante prácticamente cuatro años, “careciendo de todas las licencias exigibles (licencia de obras y ejecución, licencia de primera ocupación y licencia de actividad) a la vez que no garantizaba la calidad y seguridad en la prestación de un servicio especialmente sensible como lo es el de hemodiálisis”.

“Y ello a pesar de la denegación expresa por parte de la Junta Local del Excmo. Ayuntamiento de Benavente, presidida por el propio Alcalde, Luciano Huerga en el año 2016, de la licencia de obras y de primera ocupación”.

Desde la oposición explican que Huerga ha sido conocedor en todo momento de la ilegalidad que se estaba produciendo. “El Alcalde ha creado agravios comparativos con otros ciudadanos frente a los cuales se aplicaba la Ley de modo inflexible. ¿Qué pensarán estos ciudadanos sobre la arbitrariedad con la que ha actuado el alcalde?”.

Con su actitud “ha actuado despreciando por completo el principio de legalidad, de seguridad jurídica e igualdad. La pasividad del Ayuntamiento, ha resultado ser en la práctica el equivalente a un otorgamiento táctico de las licencias”.

Según explican desde el Partido Popular, el ejercicio de la actividad por parte de la empresa ha sido objeto de numerosas quejas y denuncias vecinales durante los últimos años.

“Resulta contradictorio el hecho de permitir durante años una actividad sin la existencia de las preceptivas licencias, que se hayan ocasionado las consabidas molestias y denuncias de los vecinos, para acabar siendo finalmente sancionada dicha empresa por ruidos por parte del propio Ayuntamiento” aseguran desde la oposición.

Desde el PP aseguran estar de acuerdo en que se preste el servicio por ser esencial, “pero si el local no cumple con la normativa, transcurrido un tiempo prudencial, se le debería de haber requerido a la empresa para que hubiese buscado otro lugar o espacio adecuado para realizar la actividad, y poder continuar prestando el servicio en las debidas condiciones”.

“Desde el PP se lo hemos pedido en diversos Órganos Colegiados en multitud de ocasiones. Además, dudamos mucho que en el contrato firmado con la Junta de CyL figurará que podía prestar el servicio en unas dependencias que carecieran de las respectivas licencias y no fueran legalizables, según consta en los informes técnicos. Estos mismos advierten del riesgo y el peligro que supone para las personas el ejercer este servicio sin las correspondientes licencias urbanísticas y sin estar adaptadas las instalaciones a la normativa legalmente establecida” explican.