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Provincial

IU desea una moratoria en la instalación de las macrogranjas en la Provincia de Zamora

Piden más asesoramiento a Ayuntamientos y ciudadanos

Rebeca Castaño Sábado, 06 de Octubre de 2018 Tiempo de lectura:

El Grupo de Izquierda Unida de la Diputación de Zamora recuerda que en el primer pleno de la provincia se hicieron eco de la alarma y protestas ciudadanas en las localidades donde se pretendía instalar macrogranjas de cerdos y que motivaba la presentación de una moción de urgencia en la que se solicitaba que se asesorara con sus medios técnicos a Ayuntamiento y vecinos.


 

Según las distintas plataformas que se están organizando en la Provincia, en el modelo de producción que representan las macrogranjas, la empresa lo controla todo: animales, pienso, medicamento. “Al ser explotaciones muy grandes, las pequeñas no resultan rentables, y el ganadero necesita a estas empresas para vender y tiene que aceptar el precio que le digan. En el caso del porcino, además hay una gran dependencia de “los mercados internacionales”, porque el boom de la producción en España se debe a la demanda de países como norte de Europa y China que, si encuentran donde producir más barato, nos meterán en una burbuja” indican.

IU adelanta que las plataformas de los pueblos de Zamora están preocupadas por la falta de información, por el estado de los acuíferos, por el trabajo y el futuro, pidiendo a la Diputación que “informe a los pueblos de posibles proyectos de ganadería industrial intensiva (macrogranjas) por el impacto ambiental, de salud humana, de abandono de pueblos y que respete la decisión que sus ciudadanos mayoritariamente tomen sobre estos asuntos”.


 

En la moción de urgencia presentada por Izquierda Unida piden que la diputación no solo informe a los vecinos y Ayuntamiento sino que los asesore en la elaboración de Ordenanzas Reguladoras de la instalación de macrogranjas en su término municipal.


 

Además de instar a la Junta de Castilla y León a paralizar los proyectos de macrogranjas en marcha a través del establecimiento de una moratoria que permita una regulación que garantice la salud pública, el respeto al medio ambiente y el bienestar animal, y que incluya estudios sobre las repercusiones en el desarrollo económico de la zona donde se instalen.


 

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