Del Jueves, 22 de Enero de 2026 al Domingo, 25 de Enero de 2026
Entre ellas, que se permita hacer controles de alcohol y drogas en las revisiones médicas voluntarias y que se estudie la posibilidad de realizar controles aleatorios de alcohol y drogas de carácter obligatorio para quienes vayan a realizar un servicio de transporte.
El curso 2017-2018 cuenta con 1.909 rutas de transporte escolar -795 de las cuales son combinadas- a través de las que son transportados diariamente 35.203 alumnos con un coste de 47.200.000 euros.
La seguridad, entendida como la cualidad de evitar el peligro, daño o riesgo, es sin duda uno de los objetivos que persigue la Consejería de Educación en su ámbito de actuación. Esto significa que desde la Junta de Castilla y León se trabaja en la búsqueda y mejora de la seguridad tanto en el aula como en los diferentes espacios de relación de la comunidad educativa y, por supuesto, en los servicios de apoyo y complementarios a la Educación.
En el caso concreto del transporte escolar, esta mejora de la seguridad se consigue mediante la presencia de un acompañante en todos los transportes con alumnos de Infantil y Primaria, este curso son 849, y mediante la clara apuesta por favorecer la existencia de cinturones de seguridad cuya presencia, pese a que la normativa estatal no los exige en todos los supuestos, ha sido fomentada hasta el punto de que los vehículos sin cinturón se quedan con pocas o nulas posibilidades de resultar adjudicatarios en las licitaciones públicas.
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Como consecuencia de la última campaña nacional de inspección de transporte escolar desarrollada por la Dirección General de Tráfico (DGT), ha surgido una nueva preocupación entre la comunidad educativa que requiere la máxima atención por parte de las consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Educación.
En la historia de las campañas realizadas por la DGT, la de 2017 es la primera que se ha saldado con algún positivo por consumo de drogas. Sin embargo, en pleno siglo XXI, todos los agentes implicados deben ser conscientes de que las medidas encaminadas a la prevención de conductas que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas deben tener un lugar prioritario en la organización de cualquier actividad que pueda suponer un riesgo.
Con este objetivo, el de la prevención, desde la Junta de Castilla y León se han mantenido reuniones con las asociaciones que representan a las empresas del sector así como con los agentes sociales más representativos en el ámbito autonómico. Como consecuencia de dichas reuniones se han alcanzado unos compromisos que supondrán la apertura de un período de negociaciones que buscará mejorar la seguridad en el transporte a través de actuaciones de carácter preventivo que son, sin ninguna duda, las más efectivas, ya que buscan la participación e implicación de todos los agentes involucrados en el servicio público del transporte de viajeros.
Estos compromisos han quedado ratificados hoy por parte del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; del consejero de Educación, Fernando Rey; del presidente de Fecalbus, Gerardo José Salgado; del presidente de Asetradis, Carlos Grandoso; y de los representantes de UGT, Pedro Aller; de CCOO, Juan Carlos Cáceres; de Confapacal, Marina Álvarez; de Fadae, Paula Antón, y de CONFARCALE, Antonio González.
Los acuerdos a los que han llegado son la promoción de la cultura de la salud a través de la formación, para ello se pondrán en marcha programas de formación y campañas específicas de fomento de promoción de la salud; la aprobación de un acuerdo marco autonómico como ámbito adecuado para atender aquellas cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo en este sector: jornada laboral, formación y prevención; la incorporación a los convenios colectivos sectoriales en cualquiera de los ámbitos de Castilla y León de la previsión de medidas específicas que, con las debidas garantías, permitan hacer controles de alcohol y drogas en las revisiones médicas voluntarias y la constitución de un grupo de trabajo en el ámbito del transporte escolar con el objeto de redactar un protocolo de formación, prevención y detección que sirva como buena práctica en el sector y que estudie la posibilidad de realizar controles aleatorios de alcohol y drogas de carácter obligatorio para quienes vayan a realizar un servicio de transporte.




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